Azua.- El Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico (PGASE), el magistrado Moisés Ferrer, ordenó investigar la denuncia de sabotaje hecha por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) a una torre de transmisión que soporta la línea de 138 kilovoltios, ubicada en Monterío de esta provincia.

De inmediato fue nombrada una comisión integrada por el fiscal adjunto de la PGASE, Ignacio Rojas; el jefe de investigaciones de la PGASE, coronel Pedro Ramos; y el fiscal de la provincia de Azua, Rafael Brito Peña.

La comisión tiene el encargo de rendir un informe pormenorizado con las personas que cometieron el atentado “para nosotros proceder a someterlas a la justicia de inmediato”, declaró Ferrer a los periodistas

Advirtió que ese atentado contra la Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional acarrea condenas de hasta 10 años de cárcel para los culpables.

EDESUR denunció que el acto vandálico ocurrido a la altura del kilómetro 15 de Azua de esta provincia afectó el suministro eléctrico en varias comunidades.

También recordó que el artículo 124 de la Ley General de Electricidad establece que “el que por cualquier medio, intencional o sin intención destruya, inutilice o dañé líneas eléctrica, redes, subestaciones, centrales generadoras” será acusado de atentado.