El procurador general, Jean Rodríguez, advirtió ayer a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que dejar en libertad a los 10 imputados en el caso Odebrecht que apelaron la medida de coerción, “sería un obstáculo” para la continuación y profundización de las investigaciones sobre los US$92 millones de sobornos pagados por el consorcio brasileño en el país.

Dichas apelaciones serán conocidas hoy por la Segunda Sala Penal de la SCJ, que preside la magistrada Miriam Germán Brito, e integran los jueces Alejandro Moscoso Segarra, Esther Agelán Casasnova, Fran Soto e Hirohito Reyes.

El procurador dijo esperar que esos honorables jueces entiendan que para proteger las pesquisas del caso Odebrecht, “resulta indispensable mantener en prisión” a esos imputados.

Se refiere el funcionario a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Temístocles Montás, Andrés Bautista, Ruddy González, Máximo D´Oleo Ramírez y César Sánchez, quienes guardan prisión preventiva; Radhamés Segura, bajo arresto domiciliario; y el diputado Alfredo Pacheco, sobre quien pesa impedimento de salida del país y una fianza de RS$5 millones.

“Esa sentencia dictada por el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, a esos imputados, es una prueba irrefutable del buen trabajo realizado por el Ministerio Público en este caso de los sobornos pagados por Odebrecht”, resaltó el procurador en un documento de prensa envido a este diario.