El procurador general, Jean Rodríguez, advirtió ayer que bajo ninguna circunstancia permitirá la ejecución de embargos irregulares, y urgió la aprobación de la ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para ese tipo de procedimiento.

Asimismo dijo que solicitará prisión para todas las personas que participen o tengan alguna vinculación con esa práctica nociva.

El jefe del Ministerio Público elogió la rapidez con que actuó la Fiscalía del municipio Santo Domingo Oeste, en el caso de la empresa Hormigones Tavares Industrial, donde el pasado jueves cuatro personas intentaron hacer un embargo ilegal, hecho durante el cual se produjo incluso una balacera.

“Destacamos la presteza con que ante este deplorable hecho actuó la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, bajo la dirección de su fiscal titular Eduard López, que apenas horas después de lo ocurrido y de divulgarse un video a través de las redes sociales, localizó y puso bajo arresto a todos los involucrados”, dijo el procurador general.

Los imputados en ese hecho, a los cuales se les dictó prisión preventiva, son Osvaldo de León García, José Rafael Riera Castellanos y Luilli Yovani Reyes, quienes deberán cumplir la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Por su vinculación a este caso hoy se le conocerá también medida de coerción a Francisco Miliano Reyes.
Urge la ley. El procurador general dijo que para ponerle coto a esa situación hay que aprobar las modificaciones al proyecto de ley que que regula el otorgamiento de la fuerza pública, y que reposa en el Congreso Nacional.
Recordó que las sugerencias de modificaciones se hicieron al Congreso a través de la Unidad de Desarrollo Legislativo y Regulatorio de la Procuraduría General.
Citó entre ellas, el fortalecimiento de la estructura del otorgamiento y ejecución de la fuerza pública.
También establecimiento de mayores requisitos para solicitarla, sin perjuicio de la necesaria fase de conciliación que coloque a las partes en igualdad de conocimiento, sin que esto signifique un espacio para distraer bienes, sino para evitar arbitrariedades y mala práctica de la ejecución.
“Y, por supuesto, a cargo del Ministerio Público, como ente representante de la sociedad y canalizador de la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública”, puntualizó el procurador general.

El desalojo

Alrededor del mediodía del pasado jueves, la Policía acudió a la empresa Tavares Industrial, ubicada en la avenida Beisbolista en la zona de Herrera, donde desconocidos estaban haciendo disparos en medio de un embargo irregular. Alli apresaron al venezolano José Rafael Riera Castellanos, al capitán (r) Osvaldo de León García, y el raso Francisco Miliano Reyes, La Policía informó que al raso se le ocupo una pistola calibre 9 mm con su cargador y nueve cápsulas; una yipeta Lexus, placa G253999, sin documentos, y recuperaron un camión-grúa de la citada empresa que otros se habían llevado.