La denuncia pública de un microtraficante en San José de Ocoa, quien acusó a la fiscal Rosanna Rodríguez Melo de obligarlo a vender drogas para recibir beneficios, destapó una caja de pandora que provocó la cancelación de la magistrada y la renuncia de la encargada del Modelo de Gestión de fiscalías de esa provincia, Claudine Soto Sanz.

Inmediatamente los medios de comunicación se hicieron eco de la acusación de Eric Manuel Andújar, conocido como Peña, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ordenó una investigación en la que se determinó que Rodríguez Melo, pese a negar su vínculo con el narcotráfico, incurrió en faltas “muy graves” en sus funciones, como actuar en contubernio con personas relacionadas al tráfico de drogas, realizó mal manejo de la cadena de bienes incautados y de custodia, e incumplimiento procesal, informó Tessie Sánchez, encargada de prensa de la Procuraduría General de la República.

La investigación que realiza el fiscal Domingo Cabrera, del departamento de Inspectoría General, continuará hasta las últimas consecuencias y se investigará a todos los empleados sin importar su jerarquía. Sánchez precisó que aún se evalúan las “medidas disciplinarias” que se adoptarán contra quienes hayan faltado a su función de investigar el crimen y castigar a los delincuentes, o se hayan aliado a ellos favoreciendo su protección.