Hoy 
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, consideró ayer que elevar las penas a los menores que delinquen no es la solución para disminuir la delincuencia.
Entiende que la situación radica en el sistema educativo y el control que podamos tener sobre nuestros muchachos.
El aumento de las penas no daña el espíritu del Código del Menor, ni tampoco es la solución al problema. Aunque tiene algo positivo en términos de resarcir a la víctima. Se da una especie de aliciente a las víctimas que ven un ser querido asesinado por un joven de 17 años, y la pena máxima es de cinco años, precisó el máximo representante del Ministerio Público.
Aumento penas. De acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, la pena máxima a un menor de 17 años que viole la ley para casos graves es de 15 años de reclusión.
El proyecto de modificación a la ley 136-03 fue remitido al Senado de la República para su estudio y ponderación.
Discernimiento. Domínguez Brito precisó que era partidario de que si un muchacho de 17 años y 11 meses cometió un asesinato, se estableciera su capacidad de discernimiento y entonces, dependiendo de ello, pudiera ser condenado hasta a 30 años de prisión.
El magistrado fue entrevistado en el Congreso Nacional donde acudió para participar en los actos fúnebres por el fallecimiento del diputado al Parlacen y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicano (PLD), Sebastino Brito.
Pedro Castillo. En otro orden, Domínguez Brito instruyó al procurador general de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez, a evitar la impunidad en el caso del interno Pedro Castillo, a quien se le conocerá hoy un pedimento de cambio de modalidad de la pena.
Agregó que tal solicitud es inadmisible y contradice la política criminal del Estado. En tal sentido, les instruimos a tomar las medidas correspondientes a los fines de evitar la impunidad en el presente caso, enfatizó.
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Preocupación
El magistrado dijo que ve con preocupación las decisiones del juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal respecto a algunos casos que requieren del Estado una política firme y coherente.
