El Ministerio Público se retractó de la acusación contra una jueza, luego de que una abogada que incluyó entre sus pruebas como testigo a cargo en el juicio disciplinario, admitiera que un altercado que tuvo con la imputada en el 2015 y que incluso no se investigó, no era motivo para enjuiciarla.
Se trata del caso de Mary Geannete Díaz Castillo, juez titular del Juzgado de la Instrucción de San José de Ocoa, a quien la Procuraduría General le atribuye la comisión de alegadas faltas en el ejercicio de sus funciones que ameritan sanciones disciplinarias.
Las faltas. Incluyen dictar sentencias irregulares como homologar un acuerdo penal abreviado en la modalidad del acuerdo pleno, a favor de un acusado de violar la Ley 50-88 Sobre Drogas, sin el imputado estar presente; dictar prisión preventiva y ordenar apertura a juicio a una persona en base a una denuncia que se hizo un día después de su arresto; favorecer a un imputado con el archivo de su caso; variar la medida de coerción a varios imputados sin estos estar presentes en la audiencia; y ultrajar de palabra a la exdefendora pública Elisa Martínez Pimentel, quien postulaba en el Juzgado de Paz de Sabana Larga, en Ocoa, mientras conocía una medida cautelar. Todo esto en el año 2015.
El juicio. El presidente del Poder Judicial, Mariano Germán, ordenó una investigación, y tras hacerla, inspectoría general decidió separar a la jueza de su cargo sin disfrute de sueldo, y abrirle juicio disciplinario.
Durante el interrogatorio a la testigo a cargo del Ministerio Público, está admitió que en el 2015 remitió un escrito contra la jueza a Inspectoría, “como lo han hecho muchísimas personas”, y no se investigó.
“Yo quiero explicar lo que yo hice en mi escrito, porque no es la verdad que por lo que está ahí esa persona (la jueza) tiene que estar suspendida; eso no es cierto, porque lo he investigado con muchas personas, muchos jueces incluyendo jueces del TC (Tribunal Constitucional) son profesores míos”, dijo.
MP desiste. Luego de escuchar a su testigo y restarle veracidad a sus declaraciones, el representante del MP, Ramón Arístides Madera Arias, dejó a la soberana apreciación del Consejo del Poder Judicial la decisión a tomar en el caso.
Dijo que como la acusación estuvo motorizada por la denuncia de la exdefensora pública y esta se había desmentido, “nosotros como Ministerio Público no tenemos interés en perseguir a la magistrada salvo el mejor parecer de ustedes nosotros entendemos que este juicio disciplinario debe de concluir ahí y que sea el caso archivado definitivamente”.