La Procuraduría General de la República (PGR) posee certificados financieros por RD$94,408,993.36 en el Banco de Reservas, producto de la subasta, licitación y renta de bienes incautados en diez casos de lavado de activos investigados durante los últimos tres años.

Se trata de los bienes secuestrados en la investigación contra los hermanos Benítez, el asesinato del periodista José Silvestre y las extradiciones  de Oscar Ezequiel Rodríguez y de  Miguel Ángel Díaz “El Bolo”, entre otros de cooperación jurídica internacional.

Sin embargo, los fondos e intereses generados por los certificados no podrán ser movilizados por la Procuraduría hasta que los tribunales apoderados emitan sentencias definitivas.

De acuerdo al artículo 33 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificado en julio del año pasado, la PGR recibirá un 30% de los recursos incautados por actividades de lavado.

Casos sonados.  El certificado de más alto valor fue el generado producto de la investigación en contra del boricua Edwin Nieves Rosario, apresado en julio pasado, el cual aportó RD$36,360,551.40 a la PGR.

Nieves  Rosario fue detenido junto a otros cinco acusados de formar parte de una organización que recibía droga de Sudamérica y la enviaba a Puerto Rico.

Por el caso de los hermanos Benítez, la PGR recibió RD$31,540,561.61 de la renta de  inmuebles incautados en 2009. Se recuerda que una tasación de la PGR indicó que los bienes del caso ascendían a   RD$1,600 millones.

Otro certificado es por la venta de un vehículo relacionado con la investigación al llamado Cartel del Cibao, a cargo de la Fiscalía de Samaná, que permitió recaudar US$250,501.21 (RD$10,020,088.4); y el allanamiento a una Casa de Cambio de Marlon de Jesús Red Soto,  acusado por lavado de RD$50 millones de una red internacional del narco. Se le incautaron EU$3,630 (RD$185,130). 

Por otro lado, se agregan RD$5,087,200.06 por la venta de productos y mobiliario del salón Avalon y la subasta de obras de arte en el caso de cooperación internacional con el Reino de los Países Bajos contra el  holandés Geert Pot. El extranjero fue acusado de fraude contra  inversionistas.

También  RD$2,003,300 por la venta de novillos y cerdos incautados a José Rafael Marte  en una finca de Hatillo, San Francisco de Macorís. Marte enfrenta cargos por contrabando.

Hay otros US$41,300 (RD$1,652,000) que son de la venta del apartamento 10-2B del residencial Mar Azul, relacionado a un caso de cooperación con España. Rubén Ortega y Ricardo Díez fueron acusados por inversionistas  turísticos.

En relación al asesinato del periodista José Silvestre, ocurrido en agosto del 2011, la  Procuraduría percibió  RD$1,215,600 y US$5,208 (RD$208,320) por  venta de animales de Avelino Castro, arrendamiento del hotel Las Galeras  y evidencias ocupadas a Fermín Marcelino, imputados por el crimen.

Extradiciones.  En el caso del extraditado Oscar Ezequiel Rodríguez, presidente del movimiento político “Renacer con Papá”, el total de ingresos percibidos es de RD$1,995,000, generados por el aparta hotel “Star”, de San Pedro de Macorís y  ventas de la estación de la  Máximo Gómez entre Tunti Cáceres y  Peña Batlle.

Otro de los certificados es por RD$74,376 y US$78,184 (RD$3,127,360) de incautaciones a relacionados a la  extradición por estafa a  través de un call center y devolución de depósitos de alquiler de una villa de dos niveles en Punta Cana.

Se agregan los US$21,201 (RD$848,040) provenientes del caso contra Miguel Angel Díaz “El Bolo”, repatriado el año pasado.

Zoom

Distribución bienes

De acuerdo al artículo 33 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificado en julio del año pasado, los recursos incautados se dividirán un 10% para la Policía y 25% para el Consejo Nacional de Drogas. Tanto la PGR como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) recibirán 30% cada una, en tanto que el restante 15% será distribuido a las ONG que trabajan en prevención.