La Procuraduría General de la República (PGR) y la Superintendencia de Bancos (SB) se comprometieron a reforzar su trabajo conjunto en la investigación de los delitos financieros, con el propósito de afianzar la persecución del Ministerio Público de infracciones ligadas al lavado de activos y a la intermediación financiera ilegal que requieren atención especializada.