Hoy 
El economista Luis Manuel Piantini refutó planteamientos del presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Arturo Peguero, y reiteró que el gravamen del 25% al sirope de maíz no debe afectar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Dijo que se trata de un impuesto sobre el consumo interno, que no discrimina entre productores nacionales y extranjeros.
A continuación el texto de una carta dirigida al editor económico de Hoy por el licenciado Piantini:
Santo Domingo, D.N.
20 de septiembre del 2004
Señor:
Mario Méndez
Editor Económico
Periódico Hoy
Ciudad
Distinguido Señor Méndez:
En carta dirigida a su persona y publicada en la primera página de la sección económica de ese prestigioso diario en la edición del pasado día 18, el señor Arturo Peguero, Presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), en una acción que me parece precipitada, refuta mis declaraciones aparecidas en esa sección económica del pasado día 17, afirmando de falsas mis apreciaciones sobre el contenido de la carta remitida por esa asociación al señor Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, el pasado día 6 de septiembre y publicada en espacio pagado en la pagina 11, en la edición de ese periódico del pasado 10 de los corrientes.
En primer lugar deseo precisar un señalamiento incorrecto con que inicia su carta el amigo Peguero, al señalarme como asesor agrícola de la Cancillería, ya que en la reseña de la información aparecida en esa sección económica del pasado jueves 16, se señala solo mi nombre como acompañante del Señor Canciller, Ing. Carlos Morales Troncoso, en el desayuno de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). Asistí a la citada actividad en mi condición de economista y de colaborador, sin ningún titulo, en la gestión del Ex Vicepresidente de la República, al frente de la Cancillerìa.
Quisiera pensar que esta incorrecta afirmación fue un desliz en el que incurrió el amigo, y no una nueva técnica que utilicen algunos dirigentes del sector empresarial dominicano, imitando los buenos ejemplos de los políticos dominicanos, para tratar de restarle calidad y capacidad de opinión a aquellos que no concuerdan con sus posiciones. De esto no ser así, entonces a Dios que se apiade de este país y nos encuentre confesados.
Para aquellos que conocen de mi trayectoria en el sector público dominicano durante los últimos 35 años, incluyendo 7 de estos como representante del país en los directorios ejecutivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, así como de mi activa participación desde el año 1994 en los temas concernientes a la Organización Mundial de Comercio y en los 2 Exámenes de Política Comercial que ha tenido el país en esa organización en Ginebra, donde hemos defendido la existencia de las zonas francas frente a los embates de países desarrollados y sub.-desarrollados que veían el otorgamiento de preferencias impositivas que le otorga la ley dominicana a ese sector como violatorias de los principios de la OMC, saben que sí tengo calidad y capacidad para externar mi opinión sobre temas que atañen a esa organización.
La carta de la ADOZONA remitida al Señor Presidente de la República en su cuarto y quinto párrafos señala, cito:
«La mas reciente acción en contra de la implementación del DR-CAFTA, ha sido la inclusión en el Proyecto de Ley de Reforma Fiscal del párrafo IX, artículo 11, que establece un impuesto de un 25%, sobre el precio de venta ex -embotelladoras a los refrescos y gaseosas que utilicen como edulcorantes, siropes con alto contenido de fructuosa en sus procesos de producción.
Consideramos que de aprobarse el Proyecto de Ley de Reforma Fiscal con la citada adición, el país estaría cometiendo una violación a los compromisos asumidos ante la OMC, por representar un trato discriminatorio en contra de las importaciones de edulcorantes» cierro la cita.
En mis declaraciones publicadas el pasado día 17 señalaba, que en esa comunicación la ADOZONA creaba confusión, puesto que el gravamen introducido en la Reforma Tributaria era un impuesto selectivo al consumo y no sobre el arancel que afecta solo a las importaciones. O sea, que este gravamen no era discriminatorio, puesto que no se aplicaba solamente a las importaciones, sino como bien señala el mismo texto «sobre el precio de venta» y que por lo tanto, al ser un impuesto sobre el consumo interno, este se aplicaba a cualquier producto similar ya fuese importado o de producción nacional, sin violar los compromisos asumidos ante la OMC, puesto que no constituía un obstáculo al comercio internacional, ni era discriminatorio entre productores nacionales y extranjeros de productos con iguales características.
El amigo Peguero en su carta señala, que quien escribe y el país, saben distinguir entre un impuesto de importación y un impuesto selectivo al consumo, que es el que paga todo el pueblo, y que yo trato de confundir por intereses particulares.
Precisamente por saber distinguir, es que señalé que la mención de las palabras importaciones y OMC en dicha comunicación creaba confusión, puesto que como el amigo Peguero señala, utilizando el mismo texto de la reforma, el 25% es un gravamen a las ventas internas, no a las importaciones. Razón por la cual declaré que no entendía el ¿Por qué? dicha comunicación hablaba de «un trato discriminatorio en contra de las importaciones». O sea que mi apreciación era correcta y no falsa como el amigo pretende señalar, puesto que lo que es evidente ante los ojos no necesita aclaración.
No entendemos, ¿por qué un impuesto al consumo interno pueda afectar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América? puesto que como se señaló, este es un impuesto interno que no penaliza solamente a los productos extranjeros, sino también a los nacionales, además, el citado tratado no ha sido colocado en agenda para ser conocido por el Congreso de ese país, y aquí ya lo queremos aprobar, sin saber si va a ser objeto de revisión antes de su colocación, y si al final el mismo sería aprobado, ya que su aprobación o rechazo es una potestad del Congreso de ese país, como también del nuestro.
El 1 de Enero del 2002, México que tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América desde la pasada década, introdujo dos impuestos de 20% cada uno (40% en total), sobre las bebidas en específico y la distribución, de refrescos y otras bebidas para los que se utilice cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña. Los Estados Unidos de América que defiende los intereses de sus productores de maíz con subsidios por valor de unos $6,000 millones de dólares anuales, no ha denunciado dicho tratado, sino que ha solicitado al argano de Solución de Diferencias de la OMC que establezca un grupo especial, para que examine estos impuestos y determine si los mismos son violatorios al artículo 111 del GATT de 1994. Este proceso podría durar dos años para que dicho grupo dicte una decisión al respecto. Sin embargo, ya en nuestro país, algunos, han establecido la culpabilidad a las acciones de México antes de ser juzgadas, con lo que se pretende detener la aprobación del gravamen del 25%, atemorizar al país con la no aprobación del TLC por parte del Congreso Americano e impedir que podamos establecer instrumentos de negociación que eviten el colapso y desaparición en el corto plazo, de un sector que aporta a la economía dominicana 200,000 empleos en 10 provincias de la geografía nacional.
Es de todos conocidos que durante las rondas de negociación del TLC con los Estados Unidos, se excluyó el azúcar de caña de la discusión, señalándose que su situación iba a ser discutida en el seno de la OMC, igual a la posición que tienen los americanos y europeos para la discusión del desmonte de sus subsidios a los productos agrícolas. Sin embargo, a escasos minutos antes concluir la última ronda, los americanos de manera sorpresiva introdujeron el tema del azúcar asignándole a nuestro país una cuota adicional de 10,000 toneladas métricas, cuando a Centroamérica con menor volumen histórico de exportación de azúcar al mercado americano, se le asignó una cuota adicional de 81,000 toneladas métricas. Esta situación fue aceptada por los negociadores dominicanos sin que se aquilatara la gravedad de tal decisión, ya que adicionalmente el sirope de maíz, podría ser importado o producido en el país con maíz transgènico y subsidiado en su costo de producción por el gobierno norteamericano, en perjuicio de los productores agrícolas e industriales nacionales de azúcar de caña.
Soy un firme creyente de la apertura de nuestra economía y de su integración a los mercados internacionales, como la única forma que tenemos de poder crecer, desarrollarnos, aumentar el empleo y asimilar mayores consumidores e inversionistas nacionales a la dinámica de una economía de mercado que eleve el bienestar de la población dominicana, pero también la concertación de un acuerdo mal negociado, o sin las reformas internas necesarias, es peor que un no acuerdo.
El Banco Interamericano de Desarrollo en su documento CS-3566 del pasado 17 de marzo, alerta a sus países miembros sobre esta situación, cuando señala en la página 7 que «la efectiva negociación, ejecución y transición al libre comercio son desafíos de históricas dimensiones,» «donde hacerlo pobremente podría crear a los países severas tensiones políticas y económicas». En la pagina 3 advierte a los países de la América Latina y del Caribe » que los acuerdos deben de ser negociados inteligentemente en orden de generar obligaciones sostenibles en el tiempo y de maximizar los beneficios mutuos entre los países» y señala «que con el tiempo las negociaciones se han convertido en muy onerosas» y «que la explosión de países de la región interesados en los acuerdos de libre comercio con los países industrializados, ha levantado preocupación acerca de asimetrías en las capacidades negociadoras».
Es evidente, por la reacción adversa al texto final del tratado que ha surgido entre los sectores afectados, que este puede crear tensiones políticas y económicas y sus obligaciones podrían ser insostenibles en el tiempo, minimizándose los beneficios entre ambos países.
Nuestra economía exportadora debe de diversificarse para ser menos vulnerable y mientras mayor sea nuestra exportación mayor será el comercio con la economía americana, y esto solo será realidad si hay trato equitativo en el comercio entre ambos países. En la publicación señalada del BID en su sección correspondiente a la pobreza y la equidad dice: «Las oportunidades de producción mas rentables en nuestra región dependerán fuertemente de la eliminación por parte de los países industrializados de las practicas proteccionistas y de las distorsiones al comercio agrícola siendo este, un objetivo central en las negociaciones comerciales norte-sur.»
Por otra parte, para que estos acuerdos sean beneficiosos para nuestra economía, las autoridades dominicanas que no tienen capacidad financiera para subsidiar nada, por lo menos deben crear el ambiente macroeconómico y aplicar políticas sectoriales que permitan a nuestros productores poder competir y desarrollarse. Pero resulta, que estamos abriendo cada vez mas nuestra economía en una situación donde no hay crédito para el productor nacional, y cuyos costos financieros son 300% mas elevados que los centroamericanos y ni hablar de los norteamericanos y europeos, países donde si hay créditos disponibles para todos los plazos y a muy reducido costo. Nuestros costos de energía eléctrica son más elevados que en esos países, siendo uno de los más caros del mundo. Los costos impositivos en Centroamérica, con la excepción de Nicaragua, son menores que los nuestros. Con los centroamericanos no tenemos ventajas en cuanto a costos laborales, pues son similares. En fin, que la nuestra, es una economía de elevados costos; situación que impone enormes obstáculos al productor nacional para poder competir, no solo en el mercado externo, sino también en su propio mercado, y cuyas soluciones, al ser por lo menos de mediano plazo, el Gobierno no tiene la varita mágica de resolverlas de la noche a la mañana.
Si a este rosario de costos le agregamos los subsidios agrícolas de las economías desarrolladas, que mantienen deprimidos los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales, como es precisamente el caso del azúcar, y las restricciones no arancelarias que se imponen a nuestros productos agrícolas para impedirles acceder a mercados externos como son a través de la aplicación antojadizas de medidas sanitarias y fitosanitarias, no tenemos porqué sorprendernos de la reacción negativa de nuestros productores agrícolas en relación a los textos precipitados en su perjuicio que se incluyeron en la redacción del TLC con los Estados Unidos de América, y de su apoyo a la aplicación del gravamen a las ventas internas de los productos que incluyan en su manufactura el sirope de maíz. Reacción natural de los sectores afectados que es resaltada con claridad en el documento del BID en su pagina 5.
El suplemento económico del periódico Hoy del pasado día 19, en su sección correspondiente al balance semanal de América Latina, informa que el director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, le informó al Gobierno Federal de los Estados Unidos, que defenderá los intereses de esa isla en las negociaciones del tratado de libre comercio de ese país con los países del Grupo Andino, señalando que Puerto Rico hará «todo lo que tenga que hacer» para proteger el café, el ron, el atún y la leche que produce esa isla.
En el proceso de integración europea, se crearon fondos especializados que les permiten a aquellos países de menor desarrollo relativo, apoyar económicamente a sus productores agrícolas, incluyendo el adiestramiento laboral, durante el período de sustitución de aquellos productos que no compitan con productos similares de otras economías europeas, debido a la reducción de subsidios y eliminación de los aranceles, por otros productos o actividades que si son competitivos. Pero en estos lugares no se ha incluido en los tratados de libre comercio la creación de estos fondos de apoyo, financiados por aquellas economías mas fuertes, y los pequeños y medianos productores de los países menos desarrollados no tienen quien los defienda, dejándolos a su libre albedrío, lo cual es injusto y hasta inhumano.
El documento del BID señala en su sección sobre pobreza y equidad que: «el comercio es un medio y no un fin para aumentar los niveles de vida de la población» pero que «en todo acuerdo comercial hay ganadores y perdedores», y que, por tanto «los gobiernos están en la obligación de compensar con las ganancias netas que originan los acuerdos a los grupos mas vulnerables, estando basada dicha acción en consideraciones de equidad, pero también de política económica, pues los sectores perdedores están mas dispuestos a oponerse a la integración, si ellos anticipan que van a quedar desprotegidos» y que «la liberalización del comercio podría empeorar su situación de vida, principalmente la de los productores del sector rural que podrían ser los mas vulnerables». Más claro, ni el agua.
En cuanto a que un impuesto selectivo al consumo lo paga todo el pueblo, también lo paga si fuese una carga arancelaria puesto que el importador transfiere ese gravamen al consumidor final.
En su carta el amigo Peguero afirma que trato de confundir por intereses particulares. Debo de señalarle que esos intereses son los mismos a los que respondí, cuando defendí la existencia de las zonas francas ante la OMC, o sea los intereses que debe de tener todo servidor público, que es el de defender los intereses de su país, que son aquellos que benefician a la mayoría de su población. Nunca he estado empleado en el sector privado, a menos que no sea en los negocios de mi familia, que no son rurales. Ni se me ha pagado para defender intereses privados, estando en el derecho de hacerlo fuera del sector público, como otros lo hacen por su libre determinación. Las acciones que tomo las realizo en base a mis conocimientos, convicciones y a las amplias experiencias adquiridas en mi largo transitar en el sector público dominicano sin haber sido militante político, ni representar intereses de grupos.
Finalmente, como es de su conocimiento, no fue la pasada semana cuando me referí por primera vez sobre esta situación, pues desde el mes de noviembre del pasado año, he venido advirtiendo a las autoridades dominicanas y al país, por medio de la publicación de múltiples artículos en ese diario, comparecencias televisivas y de seis conferencias dictadas, entre ellas en cuatro regionales de la Cámara Americana de Comercio, sobre las adversas consecuencias que acarrearía a los productores nacionales una mayor apertura de la economía dominicana bajo la actual estructura y coyuntura económica, sin introducir importantes reformas que reduzcan sustancialmente los elevados costos y promuevan la competitividad, la inversión nacional y la estabilidad a largo plazo, ya que esto no se logra, con una simple firma de un tratado. Sin otro particular, le saluda
Muy Atentamente,
