POR PEDRO GERMOSÉN
La dirección de Aduanas demandó ayer que se anule el contrato con la firma I.C.S.S.I., S.A., que dirige la seguridad, entrada y salida de mercancías, y hace las revisiones de cargas con rayos equis en los puertos por considerar que ese convenio tiene «privilegios irritantes» en perjuicio del Estado.

El Estado citó a la presidenta de la I.C.S.S.I., S.A., Belinda Galván de Beauchamps, para que comparezca ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La citación se hizo a través del alguacil José Ramón Vargas Mata.

En la demanda se alega que los contratos, «productos de una subrepticia, engañosa y sola propuesta ajena a la más elemental ética comercial», otorgan privilegios irritantes a la I.C.S.S.I., S.A., mediante «cláusulas leoninas contrarias al orden público.»

Entiende que contienen «estridentes vicios y anomalías» y que el Estado fue inducido ilícitamente a delegar en la I.C.S.S.I., S.A., el mantenimiento de la seguridad en los puertos, así como el control y supervisión de la entrada y salida de las mercancías.

El documento expresa que, en todo caso, la empresa debió limitarse a una labor de entrenamiento de personal, mantenimiento de equipos y de auxiliar de la dirección de Aduanas y la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).

La demanda expresa que mediante los contratos, la firma se atribuye la facultad de facturar y cobrar de manera directa a los usuarios por los servicios de verificación una tarifa de un cinco por ciento establecida por el contrato, así como variar los impuestos al margen y por encima de los aprobado por el Congreso Nacional.

Advierte que la I.C.S.S.I, S.A., asume de esa manera un derecho monopólico en su beneficio exclusivo, lo que, afirma, transgrede el artículo 8, numeral 12, de la Constitución.

Los contratos, sostiene, «reflejan un desequilibrio contractual» a todos los niveles respecto a las irrisorias compensaciones convenidas en provecho del Estado, en contraposición a sus onerosas obligaciones de toda índole y grados de responsabilidad.

Asimismo, añade, muchas de las cláusulas, «onerosas y lesivas», constituyen flagrantes violaciones a acuerdos internacionales tales como el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) y a las disposiciones acordadas con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en lo que respecta al arancel consolidado.

La demanda considera «radical y absolutamente nulo» el contrato suscrito el 18 de julio del 2002, por el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Miguel Ángel Soto Jiménez, en representación del Estado, y la señora Galván de Beauchamps, presidenta de I.C.S.S.I., S.A., para la instalación y operación de los equipos de digitación de imágenes de las cargas que se manejan en los recintos portuarios.

La demanda también reclama que se anule la adenda del 31 de enero del 2003, sobre el mismo contrato.

Según la citación, el Estado hace reservas de demandar oportunamente la reparación de los «cuantiosos daños y perjuicios de toda índole» provocados alegadamente por esos contratos.

Mediante otro documento, la Procuraduría General de la República confiere poderes al abogado José Antonio Columna para que demande en representación del Estado, a través de la dirección de Aduanas a la I.C.S.S.I., S.A.