Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador general Francisco Domínguez Brito pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia anular el decreto número 1130-03 que, en su artículo segundo, autoriza la construcción de un cementerio en una porción de 70,000 metros cuadrados del Parque Mirador Norte.
A juicio de Domínguez Brito un cementerio en un área protegida viola artículos de la Constitución y la disposiciones contenidas en la ley 67-74 que creó la dirección Nacional de Parques.
Además, según su opinión remitida a la Suprema Corte de Justicia, el decreto 1130-03, constituye un atentado al sistema de protección de orden público, de interés social y general de la nación que representa el lugar donde se ha autorizado dicha instalación.
El decreto del 16 de diciembre del 2003, modificó el artículo 5 del decreto 207-02, del 20 de marzo del 2002, aumentando el área y a la vez declarando de utilidad pública todas las parcelas de propiedad privada contenidas en el polígono que el mismo decreto describe dentro de la ampliación del parque Mirador Norte.
El decreto 1130-03, en su segundo artículo autoriza el desarrollo un cementerio en 70 hectáreas.
No obstante, para Domínguez Brito, las disposiciones en el artículo 2, del decreto 1130-03, violan de manera «tajante el artículo 13, ordinal 21, de la ley 67 del 8 de noviembre del año 1974, de Orden Público, que crea la dirección de Parques, la cual establece que dentro de las demarcaciones de los parques, queda absolutamente prohibido, ceder tierras o permitir el establecimiento de instalaciones a personas, grupos u organizaciones privadas u oficiales».
También, a juicio del procurador, viola el artículo 8, literal 5, de la Constitución.
Sostiene que las actuaciones del Presidente de la República son válidas exclusivamente si se suscriben a lo dispuesto en las leyes.
Estimó el procurador que es evidente que el conflicto constitucional del decreto 1130-03 que se dictó en franca violación al numeral 2 del artículo 55 de la Constitución.
