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POR TANIA HIDALGO y DIEGO PESQUEIRA
La Procuraduría General de la República solicitó ayer apertura de juicio contra 29 personas, entre ellas un secretario general técnico de la Liga Municipal Dominicana (LMD), un subsecretario de Migración, cinco oficiales civiles, un síndico y 11 regidores, acusadas de asociarse y organizar viajes a países europeos con pasaportes oficiales, los cuales eran obtenidos con documentación falsa. El Ministerio Público dice que posee pruebas que comprometen la responsabilidad penal del grupo.
Los incriminados son el secretario general técnico de la LMD, Amaurys Antonio Guzmán, el subsecretario de Migración, Víctor Manuel Soto Pérez; los oficiales civiles de Azua, Mayra Josefina Quezada Castro, Maribel Cuello Díaz, Arelis Martínez Arias y Justo Manuel Valdez Abreu, así como Salvador Andrés Torres Manzueta, del distrito municipal de Cevicos, provincia Sánchez Ramírez.
En el expediente figuran además el síndico de Las Yayas, de Azua, Angel Eliezer Ramírez Ramírez, los regidores Alfredo Amaurys Pereyra Ramírez (Las Yayas, Azua), Santiago Adames (Guayabal, Azua), Saturnino Sánchez Suárez (Piedra Blanca, Monseñor Nouel), Uladislao Abreu Durán (Fantino, Sánchez Ramírez), Benito Rodríguez Nolasco (Yaguate, San Cristóbal), Tomasina Isabel Araujo (Yaguate, San Cristóbal), Adolfina Bocio Montero (Hondo Valle, Elías Piña), Rafael Cuesta Agramonte (Yaguate, San Cristóbal), Juliana Agramonte Céspedes (Tábara Arriba, Azua), Fernando Antonio Fernández Mateo (Maimón, Monseñor Nouel) y Andrés Díaz Mena (Piedra Blanca, Monseñor Nouel).
También fueron sometidos a la justicia Agustín María Ventura Rodríguez, mensajero de la oficialía del Estado Civil del distrito municipal de Cévicos, provincia Sánchez Ramírez, Milton Elías Pereyra Ramírez, José del Carmen Encarnación, Margarita Ramírez Adames, Marisela Verenice Pereyra Javier, Luis Emilio Caraballo Vílchez, secretario de la junta municipal de Las Yayas de Azua; Orlando Heriberto Santos Matías, Felix Julián Estrella Mejía, Aure Ricardo Florentino García y Ramón Alberto Cabral de la Cruz.
El expediente será remitido en las próximas horas a un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que deberá fijar fecha y hora para conocer del juicio preliminar.
La investigación del caso estuvo a cargo los procuradores adjuntos Fran Soto Sánchez y Bolívar Sánchez, así como del fiscal adjunto Luis Alberto González, quienes depositaron la instancia de solicitud pasada las 12:00 del mediodía.
El grupo está acusado de asociación de malhechores, complicidad, tráfico ilícito de personas, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, usurpación de títulos en funciones, estafa y bigamia hechos sancionados por los artículos 59, 60, 265, 266, 145, 146, 147, 148,, 151, 258, 340 y 405 del Código Penal, así como por la ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado y personas físicas.
La red de traficantes fue detectada, luego de que el 23 de junio de 2005, fueran detenidas en el aeropuerto Internacional La Romana 10 personas cuando se disponían a viajar a Italia, en el vuelo no. 108 de Lauda Air, por tener perfiles sospechosos.
Al momento de ser cuestionados por las calidades que poseían, algunos respondieron que eran regidores, otros que eran esposas y esposos de regidores, pero ni siquiera sabían el nombre de los síndicos de sus ayuntamientos, mientras que uno dijo que había pagado RD$10,000 y RD$15,000 por sus documentos.
De acuerdo a la acusación, Alfredo Amaurys Pereyra Ramírez era el cabecilla de esta asociación y que en una ocasión llegó a retirar de la secretaría de Relaciones Exteriores 32 pasaportes de categoría oficial, entre los que figuraban los de los supuestos esposos Santiago Adames y Margarita Ramírez Adames, matrimonio que éste organizó para que la señora fuera favorecida con un pasaporte oficial y así pudiera viajar, a sabiendas de que el regidor estaba legalmente casado.
De la misma manera organizó el matrimonio de los esposos Rodríguez Jáquez y Josefina Cabrera, quien le entregó a Pereyra Ramírez RD$88,000 para la organización y gestión del pasaporte.
Asimismo, se pudo establecer que José del Carmen Encarnación, chofer de Pereyra Ramírez, era la persona que ejercía las funciones de mensajero y reclutador de las posibles víctimas.
En tanto, Margarita Ramírez Adames retiró de la secretaría de Relaciones Exteriores 20 pasaportes oficiales, incluyendo el de ella y el de su supuesto esposo Santiago Adames. Estos declararon juntos como sus hijos menores a Lisandro Ginobel Ramírez Brito y Yandra Natalia Navarro.
Marisela Verenice Pereyra Javier, también gestionaba los visados para las personas ya reclutadas como fue el caso de la señora Yandra, a quien le cobró RD$25,000 para conseguirle el visado español.
