CARACAS (AP).- La organización Human Rights Watch (HRW) manifestó el jueves su «gran preocupación» por la situación del Poder Judicial e hizo un llamado a la OEA para que active la Carta de Democrática con el fin de evitar una «crisis» que ponga en riesgo la «frágil democracia» venezolana.

El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, presentó el jueves un informe en el que advierte que el gobierno del presidente Hugo Chávez «está socavando la independencia» del Poder Judicial con la nueva Ley del Tribunal Supremo que aprobó la bancada oficialista del Congreso.

Dijo que la nueva legislación, que amplía de 20 a 32 el número de magistrados de la Corte, «otorga poderes a la coalición gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en la Asamblea Legislativa para obtener una mayoría abrumadora de magistrados en el Tribunal Supremo».

La ley también permite a una mayoría simple del Congreso remover a los miembros de la Corte.

Esta semana, la bancada oficialista destituyó al vicepresidente de Tribunal Supremo, Franklin Arrieche, argumentando que presentó «falsa información» para su postulación.

Vivanco dijo en rueda de prensa que HRW está pidiendo que se «aplique» la Carta Democrática Interamericana, con el «consentimiento previo del gobierno», para que el secretario general y el Consejo Permanente de la OEA «puedan adoptar medidas para investigar y responder a la situación».

«La actual crisis que enfrenta el sistema judicial venezolano podría tener un efecto profundamente negativo en la democracia del país», señaló el informe.

El directivo precisó que de cara al referendo del 15 de agosto que decidirá el recorte o no del mandato de Chávez, la actual situación del Poder Judicial podría tener secuelas en el proceso debido a que de darse un resultado con estrecho margen la disputa podría culminar en la Corte.

Explicó que de forma paralela a la situación de inestabilidad que genera la nueva legislación, se suma el hecho de que 80% de los jueces venezolanos son provisionales.

Vivanco exhortó a Chávez a «colaborar activamente» con la OEA si la organización busca vías para ayudar a Venezuela a superar la situación del Poder Judicial.

De igual forma, pidió al mandatario que instruya a sus seguidores en el Congreso para que «suspendan inmediatamente la implementación de la nueva ley que pretende copar de aliados al Tribunal Supremo».

El vicepresidente José Vicente Rangel calificó como «inaceptable» el informe de la mayor organización de derechos humanos de los Estados Unidos y acusó a Vivanco de actuar como un «mercenario» y un «provocador».

Sostuvo que el directivo de HRW es un «instrumento del imperio (el gobierno estadounidense)» y una persona vinculada a la oposición.