El Ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, atribuyó ayer a intereses particulares la oposición de algunos sectores a que se apruebe el proyecto de Ley General de Salarios, iniciativa con la cual, dijo, se busca desterrar la discrecionalidad, la inequidad y los abusos que en ese aspecto hay en el Estado.
Afirmó que el proyecto, que no establece escala salarial, manda a que también el sector financiero sea reglamentado, pero que no hace énfasis en eso para que la pieza pueda pasar en el Congreso.
Yo pienso que esa ley debe ser aprobada porque es un problema institucional, racional; es una demanda de un Estado moderno y de todos los sectores cuyos intereses están por encima de los intereses particulares, dijo el funcionario.
Ventura Camejo habló así durante la Mesa de Expertos en Función Pública que organizó conjuntamente con Participación Ciudadana en un hotel de esta Capital, y donde expuso sobre los Retos y Desafíos en la Implementación de la Ley 41-08 en la República Dominicana.
No hay que temer. Sostuvo que la Ley de Salarios no establece topes, sino que es un marco general que manda a un levantamiento, a una valoración, para un reglamento en función de una metodología aprobada.
Es para hacer regulaciones en función al sector, a su ley orgánica, a la competencia de sus servidores; donde sí entiendo que hay que establecer tabla rasa es cuando se refiere al Gobierno Central, o sea, que el Presidente debe ganar más que los ministros y los directores, subrayó.
No! a la discrecionalidad. Ventura Camejo explicó que en las áreas que por la incidencia técnica, los conocimientos y la credibilidad que requieren sus incumbentes, como los casos de los bancos Central y de Reservas, los salarios se adecuarán mediante una reglamentación para que no estén sujetos a discresionalidad.
No cree necesarios cambios Refirió que se reunió con los técnicos de ambas instituciones y se hicieron talleres con el Consejo Nacional de la Reformas Estatal (Conare) y con todo el que tenía algo que aportar, pero si los congresistas entienden que la ley debe ser modificada, ampliada o mejorada, que lo hagan porque ese es su papel, puntualizó.
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Retos y Desafíos
Aprobar un conjunto de leyes complementarias a la aplicación de Ley de Función Pública, como la de Organización de la Administración Pública, Salarios, Sanitaria y de Procedimiento Administrativo; y convertir el Sistema de Empleo Público y la Profesionalización en una Política de Estado, que permita continuidad más allá de la alterabilidad política, incluso de cambios de autoridades, son parte de los retos del MAP.