SANTIAGO. El doctor Ramón Antonio Veras (Negro), invitó al presidente Leonel Fernández que se anime a dar los pasos necesarios para dotar a la sociedad dominicana de instrumentos legales que sirvan para hacerle frente al crimen organizado.
La petición está contenida en una carta dirigida al mandatario, en el que el jurista explica que el amplio desarrollo de las operaciones delincuenciales de sicariato que hoy preocupan con razón a la sociedad dominicana, hay que hacerle frente de manera firme.
Y advierte que la seguridad personal debe ser el objetivo principal en todo estado de derecho, al tiempo que insiste en que la generalidad de los dominicanos están atrapados por esta nueva modalidad de crimen que los mantiene en zozobra.
Señor Presidente, anímese. Sé que buena voluntad le sobra, y es un momento oportuno que el país necesita de su gobernante. Póngase en tensión, y dé los pasos necesarios para dotar a la sociedad dominicana de instrumentos legales que sirvan para hacerle frente al crimen organizado, dice.
Veras indica que la comunicación se la remite en su doble condición de Presidente de la República y padre de familia, y de su parte, como ciudadano y cabeza de una familia vivamente lesionada por la criminalidad, y en particular por el sicariato.
El veterano jurista planteó al mandatario la necesitad de otro instrumento legal, diferente al anteproyecto elaborado por el Colegio de Abogados, relacionado con el sicariato, el no cúmulo de penas.
Señala que después de examinar esa pieza, mediante comunicación de fecha 18 de enero de este año, le hizo saber que luego de leer el citado anteproyecto, no estaba de acuerdo con el mismo, por no adaptarse, en su conjunto, a la realidad de nuestro país en estos momentos.
Indicó que en el país hay muchos abogados que sin precipitación pueden elaborar proyectos de leyes que en su conjunto sirvan para enfrentar el crimen organizado, y en particular el fenómeno del sicariato, como lo han hecho otros países de América Latina y el Caribe, como Costa Rica, donde fueron dictadas la Ley Contra Delincuencia Organizada y la Ley de Protección a Víctimas.