El director de Impuestos Internos, Teófilo Quico Tabar, afirmó ayer que la falta de supervisión tributaria de las actividades financieras y bancarias de los clientes y propietarios de bancos facilita la incubación de crisis.

Asimismo, cuestionó la modificación legislativa que dispuso la eliminación de la facultad de la administración tributaria de investigar directamente en las entidades bancarias y financieras los depósitos y transacciones que los contribuyentes hacen.

«Esta disposición se combinó con otra que estableció que la administración tributaria no podrá solicitar información en forma directa o indirecta, de manera general a los bancos y demás entidades financieras reguladas, sino que toda solicitud debe hacerse caso por caso y con la especificación de la persona de que se trate», dijo.

Afirmó que es preocupante el impacto negativo que esas disposiciones tuvieron y tienen sobre la capacidad de fiscalización de los órganos de la administración tributaria.

El director general de Impuestos Internos (DGII), asimismo, apoyó que se deroguen las disposiciones del Código Monetario y Financiero que restringen la capacidad de auditoría de los órganos de la administración tributaria.

Actualmente, explicó, cualquier persona puede defraudar tributariamente al Estado, apoyándose para ello en los servicios de intermediación financiera que brindan las entidades bancarias y financieras.

«Bajo el argumento de que el secreto bancario es uno de los pilares que sostienen el sistema financiero, se ha bloqueado discretamente cualquier posibilidad de que las informaciones bancarias puedan ser utilizadas como herramienta de fiscalización tributaria», afirmó.

Tabar habló en la conclusión del seminario Reforma fiscal y autonomía presupuestaria de la administración tributaria dominicana, en el Banco Central, con la participación de los expertos Glenn P. Jenkins, Jorge Cosulichayala, José Víctor Sevilla Segura, Hugo González Cano y Horacio Castagnola.

Dijo que uno de los factores que frenó el potencial recaudatorio de los impuestos administrados por la DGII fue la declaración de inconstitucionalidad del llamado “solve et repete”, que obligaba a los contribuyentes a pagar los tributos, antes de que pudieran apelar por ante el Tribunal Contencioso Tributario.

Dijo que eso trajo como consecuencia, que tanto en la sede jurisdiccional como en la judicial, se encuentren acumuladas deudas pendientes de pago por varios miles de millones de pesos.

Dijo que la reforma fiscal pendiente debe contemplar seriamente la posibilidad de reinstaurar el “solve et repete”, aún cuando sea de manera parcial, por ejemplo, para casos de contribuyentes que nunca presentaron declaración jurada de impuestos.

Señaló que si todo el mundo pagara sus tributos, no habría razón para que existiese la administración tributaria, «sin embargo, la realidad es que hay contribuyentes que no cumplen, ni desean cumplir con sus obligaciones tributarias».

Dijo que si a la administración tributaria se le suprime el derecho y la capacidad de investigar directamente en las entidades financieras y bancarias, esta se convierte en una entelequia sin posibilidad de cumplir plenamente.

«Otra de las medidas de carácter legislativo que deben adoptarse para reforzar la administración tributaria, es el establecimiento de un estatuto o base legal que les dé a los órganos recaudadores del Estado, mayor grado de autonomía presupuestaria, financiera y administrativa», indicó.

Propuso un sistema de nombramiento de los directores de la administración tributaria, sobre la base de ternas presentadas por el poder Ejecutivo y ratificadas por el Senado, al igual que otras instituciones, para dar mayor estabilidad a los directores y reforzar la imagen de neutralidad de la administración tributaria.

Consideró necesario que en el país se creen disposiciones legales que restrinjan el acceso a la administración pública y en especial, a la administración tributaria, de personas con intereses que colidan con los que vienen a representar en el Estado o que de alguna manera puedan crear conflictos con los intereses estatales.

Dijo que uno de los principales inductores a la corrupción, tanto en el sector publico como privado, lo representan los «conflictos de intereses» en los diferentes estamentos de la sociedad y contra lo que hay que legislar valientemente, si se quiere hacer algo efectivo contra la corrupción.

Pidió que se legisle para hacer obligatorio el requerimiento a toda persona que aspire a un cargo de cualquier naturaleza, sea este público o privado.

«Actualmente, para la obtención de cualquier documento de segunda importancia, se exige un papel de buena conducta, sin embargo no se obliga a la presentación de tal vez uno de los documentos más importantes en el cumplimiento de los deberes ciudadanos como la declaración de renta», señaló.

Agregó que uno de los objetivos de la reforma fiscal, debe ser que «nadie, absolutamente nadie, pueda acceder a un cargo en la administración pública, en la judicatura, en el sector privado, en los sindicatos, en los partidos políticos, en las organizaciones no gubernamentales, si no presenta su declaración de renta a día».