El proyecto de Ley de Armas, que castigaría a los portadores de armas ilegales con prisión de entre dos y medio y siete años duerme en las gavetas del Congreso desde hace siete años, reveló ayer el senador Adriano Sánchez Roa, quien pidió al Gobierno que ordene a la Policía y a las Fuerzas Armadas que inicien en lo inmediato el desarme de la población, empezando por las armas sin permiso.

El congresista manifestó que el problema se agudiza porque los que son sorprendidos con armas ilegales son dejados en libertad con pago de una simple multa.

Sánchez Roa, quien calculó que hay unas 800 mil armas ilegales en las calles, favoreció el desarme propuesto por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul.