El presidente de la Asociación Dominicana Dominicana de Agrimensores (Asodagrim), Miguel Alberto Valoy, manifestó que el Poder Ejecutivo tiene toda la facultad para resolver el problema de la jurisdicción inmobiliaria, ya que es un problema de Estado y que no solo se limita a la demora de los títulos de propiedad, sino que afecta la seguridad jurídica, la garantía del derecho de propiedad, la inversión local, extranjera y las recaudaciones.

Dijo que la Constitución inviste al Presidente como garante de las buenas recaudaciones y del derecho de propiedad.

Indicó que la ley 108-05 nació viciada, pues derogó la ley 317, del 14 de junio de 1968, sobre el Catastro, que se convirtió en una renuncia del Poder Ejecutivo a sus funciones.

Adelantó que en los próximos años serán notificados miles de propietarios que se enterarán de que sus mensuras están mal ubicadas y sus números de certificados de títulos no son verdaderos, por la ausencia de una cartografía catastral acorde con la época y otras deficiencias del sistema. solicitó al presidente Medina enterarse bien de la problemática de la jurisdicción inmobiliaria.