El diputado Pelegrín Castillo solicitó formalmente a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, realizar un estudio de impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con los Estados Unidos de Norteamérica.
Castillo, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, explicó que este estudio de impacto debió efectuarse antes de iniciar las rondas de negociaciones del TLC, para contar con una visión realista de cuáles son los beneficios o perjuicios que, en general y sector por sector, deben esperarse de ese acuerdo, algo que en forma inexplicable e inexcusable nunca se hizo.
«En el Congreso todavía estamos a tiempo. Si se contrata este estudio con centros especializados de credibilidad y experiencia internacional, o se le requiere a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), tendríamos en unos meses una evaluación objetiva de lo que más conviene al interés nacional, y por tanto, cualquier decisión se hará con plena conciencia y responsabilidad», precisó Castillo.
Explicó que sin este estudio no es posible conocer, sector por sector, cuántos empleos se ganarán o perderán, a cuánto asciende el volumen de comercio e inversión que se creará o desviará y cómo serán impactadas las finanzas públicas.
«Si el estudio de impacto indica que el balance del TLC, es sustancialmente favorable- no para tal o cual sector, sino para la nación en general- entonces debe eliminarse cualquier obstáculo a su aprobación, sostiene.
Añade que si, en cambio, no resulta ventajoso o es desfavorable, se debe rechazar con determinación y procurar un nuevo y más adecuado contexto de negociación.
Castillo deploró que el debate sobre el TLC con Estados Unidos de Norteamérica se haya centrado en los intereses de ciertos sectores productivos -zonas franca y azúcar- y no en aspectos tan sustantivos como las cláusulas de asociación económica o coproducción con Haití, o en las implicaciones de las disciplinas que el acuerdo conlleva en materia laboral, medio ambiente o de propiedad intelectual.
Finalmente, Castillo advirtió que aunque no puede desconocerse que la República Dominicana tiene vínculos especiales y profundos con los Estados Unidos de Norteamérica, sus autoridades tienen que reclamar con firmeza una relación de respeto y dignidad que sea conforme con las normas de derecho internacional y con su orden constitucional.