La reforma fiscal debe ser conocida por el Congreso en el mes de junio, sin importar el período de transición de gobiernos, debido a que ese fue un compromiso que se hizo con la sociedad dominicana y el Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió el empresario Lizandro Macarrulla.

«El andamiaje fiscal que está establecido en la República Dominicana limita el desarrollo», dijo.

Asimismo, Macurralla manifestó su preocupación por la paralización de los acuerdos con el FMI y alertó sobre lo traumático que sería para la República Dominicana dejar de lado ese convenio.

Al participar al Almuerzo Semanal del Grupo Corripio, Macarrulla dijo que ese tema debe ser tratado por la comisión de transición.

También propuso que se conozca el problema energético, con la participación de la ciudadanía.

Consideró que ambos presidentes deben involucrarse directamente y hacer una declaración de principios con esos temas más urgentes.

«Esta transición se está dando en un escenario económico bastante delicado, quizás una de las transiciones más delicadas que se han dado en la República Dominicana desde el punto de vista económico, pues sabemos que se han dado otras con crisis políticas mucho más graves que esta», expresó.

En ese orden, Johnny Bernal, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, manifestó que hay signos preocupantes, porque el Presidente de la República ha dicho que la reforma fiscal debe dejársele al próximo gobierno, sin tener en cuenta el impacto negativo que pueda tener para la economía dominicana.

Se preguntó por qué en el Congreso se ha recibido iniciativas de leyes para realizarla en la transición, mientras pretenden postergar la reforma fiscal.

Advirtió que el Presidente debe demostrar que realmente está interesado en realizar una transición sin trauma.

[b]UNA INERCIA[/b]

Bernal se quejó, por otra parte, que hay una especie de inercia en que las instituciones del Estado parece que no funcionan.

Expresó que esa inercia, que designó como una especie de España Boba, le ha causado grandes perdidas a la economía dominicana.

Manifestó que hay problemas con la promoción turística, por culpa de esa parálisis que dijo se siente en algunas instituciones estatales.

«Tuvimos una buena temporada turística, pero eso no significa que podemos cruzarnos de brazos y no seguir promocionando el país, mientras otros competidores lo hacen», expresó.

Se quejó de que se ha llegado al extremo que la oficina de promoción de Milán, Italia, ha sido embargada y fue cerrada.

Explicó que mediante la ley 158-01 se identifica de dónde salen los fondos de promoción turística, a través de los impuestos de entrada y salida de los pasajeros, así como 50% de los impuestos que generan los pasajeros de avión.

«Esa ley generó al país entre US$75 millones y US$80 millones el año pasado. Sin embargo, los fondos que se destinaron para la promoción del país fueron sólo de US$25 millones», expresó.

Dijo que el sector generó más de US$3,000 millones el pasado año, por lo que consideró no se compadece la poca promoción.

[b]MACARRULLA[/b]

Sobre los acuerdos con el FMI, Lizandro Macarrulla sugirió su modificación en ciertos aspectos, porque fue estructurado en un escenario económico que ya ha cambiado en la República Dominicana.

Citó entre esos factores la inestabilidad de la tasa de cambio, pues se discutió sobre la base de RD$40 por un dólar y hoy llega hasta el RD$50.

«Hay que renegociarlo en base a la realidad económica del momento», expresó.

Advirtió que en el compromiso con el Fondo hay que involucrar a las autoridades electas porque son los que van a cumplir con los compromisos.

«Es saludable que ellos se comprometan y participen en el acuerdo, incluso en esta ocasión debe hacerse un proceso más abierto para que los sectores económicos y la sociedad civil participen, porque es un compromiso nacional porque no nos podemos dar el lujo de que cada vez que seamos sometidos a una revisión del acuerdo tengamos un trauma.»

Aseguró que la República Dominicana estableció un récord como país porque rompió el primer el acuerdo a los 22 días cuando el gobierno decidió comprar las empresas eléctricas.