El empresario privado William Amador Alvarez pidió al Fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández, ordenar el desalojo, con el uso de la fuerza pública, de un terreno de su propiedad ubicado en la avenida Independencia y que, según dijo, es usufructuado por la empresa Refrescos Nacionales, donde está instalada la planta de producción y distribución de la Coca-Cola.

En una instancia depositada en las oficinas de la Fiscalía del Distrito Nacional, Amador pidió poner fin a la litis que lleva varios años y que fue decidida por los tribunales de la nación, incluyendo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que ordena la devolución del solar de 15,314 metros cuadrados propiedad del empresario privado.

Dijo que «influencias políticas y el poder económico en juego se han combinado a lo largo de más de veinte años para evitar que se cumpla la sentencia dictada por la Primera Cámara Civil y Comercial de Primera Instancia del Distrito Nacional el 11 de septiembre de 1984, ratificada por múltiples otras decisiones de varias cortes, incluyendo del Tribunal Superior de Tierras y de la Suprema Corte de Justicia, esta última del 30 de noviembre del 1998».

«Lo único que estamos pidiendo es que se ejecute la decisión de la Justicia y para ello estamos confiados en que las actuales autoridades judiciales, que han dado muestras de apego irrestricto al cumplimiento de lo que ordenan los tribunales, nos otorgarán la fuerza pública para, sencillamente, recuperar nuestra propiedad», dijo Amador en un comunicado a la prensa, a través de sus abogados.

El empresario inició la demanda de devolución de sus terrenos a principios de los años `80, los cuales había adquirido en 1978, pero que dos años después y en una negociación irregular Refrescos Nacionales compró el solar al anterior propietario, iniciándose una litis en los tribunales, ganadas en todas las instancias por Amador, según consta en un legajo de documentos oficiales entregados a la prensa.

Explicó que los terrenos -de donde fue destruido un negocio de ventas de repuestos de vehículos y gomas, la mayor parte de cuya mercancía `desapareció» en la acción- fueron luego usados por Refrescos Nacionales, que produce la Coca-Cola, en la avenida Independencia, para ampliar las instalaciones de dicha empresa, usufructuando los mismos actualmente, pese a las decisiones de la Justicia de que deben ser devueltos a sus legítimos propietarios.

«Luego de múltiples esfuerzos por lograr la devolución de su propiedad, el 23 de julio del 2003 y mientras era ejecutado el desalojo y toma posesión del solar por parte de Amador, la Fiscalía del Distrito Nacional ordenó el retiro de la fuerza pública. El alegato de la Fiscalía, según la información que los abogados del empresario, fue que recibieron «órdenes» desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo del momento para que «pararan la acción». explicó.

Dijo que a partir de ese momento, el Fiscal del Distrito Nacional del anterior Gobierno, Máximo Aristy Caraballo, se negó reiteradamente a otorgar la fuerza pública para ejecutar el desalojo del terreno usado irregularmente por Refrescos Nacionales.

En ese sentido, el empresario Amador, a través de sus abogados, dijo estar confiado «en que ahora se hará justicia, cumpliendo y haciendo cumplir los dictados de la ley y el derecho dispuestos por los tribunales, incluyendo la  Suprema Corte de Justicia, para que se nos devuelva el terreno que por tantos años ha utilizado ilegalmente la empresa Refrescos Nacionales, toda vez que el poder político y económico se han combinado para negarme el derecho a uso de mi propiedad».