Hoy 
Por Diego Pesqueira
Cinco abogados, incluyendo dos ex procuradores de la República, pidieron ayer a la Suprema Corte de Justicia investigar la conducta del juez del tribunal de Tierras de Higüey, quien alegadamente actuó de manera parcializada en una litis por unos terrenos.
Los ex procuradores de la República, Abel Rodríguez del Orbe y César Pina Toribio, Rafael Acosta y los hermanos José Manuel y Lincoln Hernández Peguero, sostienen que la conducta del juez Odolfo Caraballo Merino por la forma en que manejó las acciones incoadas por el Grupo Punto Cana sobre los derechos registrados a favor de la empresa Elipse, en unos terrenos de esa provincia.
Los recurrentes, representante legales de Elipse, piden además, que en la investigación participe el director general de la Carrera Judicial, doctor Pablo Garrido.
Conforme a los juristas el juez Caraballo Merino asistió en los meses finales del pasado año a una cena propiciada por el Grupo Punto Cana, en sus instalaciones turísticas, luego de haber sido apoderado para conocer del expediente judicial antes mencionado.
Alegan que en esa actividad participaron los empresarios relacionados con la litis y otras personalidades y abogados residentes en la provincia La Altagracia.
Sostienen que la cena en la que participó el juez es un obsequio que no debió recibir.
Y agregan que más aun cuando a esa actividad social no asistió la prensa, lo que evidencia que tuvo como fin el intercambiar impresiones con abogados y demás autoridades judiciales de Higüey ante las acciones penales incoadas por Elipse.
«La persistente actitud del magistrado Caraballo Merino debe ser objeto de una profunda investigación con el propósito de seguir mejorando la imagen del Poder Judicial, ya que es inadmisible aceptar que la investidura de juez lo provea de un manto de impunidad ante una decisión cualquiera, a sabiendas por una de las partes de su evidente parcialidad con los intereses de un grupo económico de gran influencia en la jurisdicción de dicho juez», precisaron.
Precisan que resulta sospechoso que el juez Caraballo Merino rechazara un pedido de inhibición bien justificado en antecedentes contundentes, los cuales podrán ser comprobado por la Suprema.
«Para los exponentes fue sospechosa la actitud en este caso del magistrado Caraballo Merino, que está diametralmente opuesta a la adoptada por él en otras ocasiones, en las cuales por el más mínimo pronunciamiento de los abogados sobre su imparcialidad declara su inhibición», expresan.
