Pide más castigo para traficantes

Pide más castigo para traficantes

POR LEONORA RAMÍREZ S.
La Ley 137-08 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas debe ser revisada para que se incluyan penas de hasta 30 años a quienes se dediquen a ese tipo de actividad, consideró Irma Nicasio, del Comité Interinstitucional de Protección y Apoyo a la Mujer Migrante. Según ella, esa Ley se aprobó precipitadamente, en el 2003, debido a que el gobierno dominicano tenía una fuerte presión internacional por encontrarse el país en la categoría tres en el contexto del tráfico de personas.

Esa premura incidió en que quedaran algunas fallas en esa pieza legislativa, sobre todo en lo concerniente al respeto a los derechos humanos de las víctimas.

«Hay que hacer ajustes, reglamentos de aplicación, porque esa legislación debe ser adecuada al contexto de las víctimas, y si se corrigen algunas fallas sobre la protección a los derechos humanos sería mejor su aplicación», refirió Nicasio.

La Ley 137-03 establece penas de diez a 15 años de reclusión a quienes trafiquen con migrantes. En ese sentido, se consideran pasibles de condena los que promuevan, induzcan, constriñan, financien, transporten o colaboren de cualquier forma con la entrada o salida ilícita de personas al país.

«Se debería condenar a los tratantes con mayores penas, porque estamos hablando de una actividad criminal que debería tener sanciones de 20 a 30 años», refirió.

La propuesta de Nicasio también abarca el que se reduzcan las sanciones a las víctimas, en el entendido de que estando en una situación de amenaza no están en capacidad de denunciar a los responsables del tráfico y trata de personas.

En uno de los acápites de la Ley se plantea que si la víctima no contribuye con la justicia para captura de los victimarios, podría recibir condenas, dijo Francisca Ferreira, del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), al destacar que una persona víctima de tráfico ilegal o de trata lo que necesita es apoyo para poder hacer las denuncias.

«En la situación de temor y desprotección que viven las personas en esos casos no es cierto que se arriesgarán a denunciar, generalmente los perjudicados son extorsionadas para que no digan nada, porque de lo contrario matarían a su familia, como ocurre en el tráfico de drogas».

La República Dominicana es el décimo país del mundo que trafica con personas, y ocupa el tercer lugar de América Latina, por debajo de Brasil y Colombia.

En ese sentido, Arabelis Mejía, del Comité Intersinstitucional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), dijo que la acción de la justicia ha sido efectiva desde la puesta en vigencia de la Ley, y destacó que la Procuraduría General de la República ha manejado el tema con el compromiso y la responsabilidad que se amerita.

Nicasio, Ferreira y Mejía ofrecieron sus declaraciones durante el panel sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos de las personas víctimas de tráfico y trata.

Esa actividad forma parte del tercer diplomado sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que se realiza con la coordinación de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIN), la Secretaría de Estado de la Mujer, y el CIPROM.

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