El movimiento cívico Participación Ciudadana  advirtió ayer que los casos de narcotráfico y crimen organizado pendientes no deben ser relegados por nuevas coyunturas o temas, tras apuntar que si bien es cierto que las autoridades han asestado algunos golpes a  los grandes capos y a  sus cómplices en las estructuras de poder, no han caído.

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) advirtió ayer que los casos de narcotráfico y crimen organizado pendientes no deben ser relegados por nuevas coyunturas o temas, tras apuntar que si bien es cierto que las autoridades han asestado algunos golpes en los últimos meses, los grandes capos y sus cómplices en las estructuras de poder, no han caído, lo que da una impresión generalizada de que ese negocio apenas ha sufrido pequeñas pérdidas  y se mantiene en auge.

Pidió además a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General realizar una profunda investigación de jueces y fiscales que intervinieron en los casos de la libertad de Pedro  Castillo (Quirinito), acusado de asesinato y de ocho hombres  señalados como supuestos  sicarios.

En rueda de prensa encabezada por el coordinador Samir Chami Isa, el director ejecutivo Javier Cabreja y los miembros Francisco Alvarez, Cándido Mercedes y José Tejeda,  Participación Ciudadana expresó consternación frente a los acontecimientos ocurridos  en los últimos meses,  los cuales revelan el crecimiento del negocio ilegal del tráfico y consumo de drogas,  el lavado de activos y el crimen organizado.

Chami Isa indicó  que el narcotráfico ha  llegado a niveles tan alarmantes que mantienen en estado de  terror y angustia  a la familia dominicana y a los ciudadanos honrados y trabajadores que ven con espanto como  “personeros de la peor calaña, dominicanos y extranjeros,  dominan importantes negocios, gastan millones y exhiben inmensas riquezas a la vista de todos”.

Penetración.  Señaló  que otro grave problema es que los narcos penetran las estructuras policiales, militares y de persecución del delito, hasta el punto de que son muy pocas las personas que conservan alguna confianza en que los órganos del Estado podrán eliminar o  controlar este  mal.

Recordó que en  la reunión con los directores de medios de comunicación celebrada el lunes 11, las autoridades hablaron  de 123 vuelos con cargamentos de drogas cuantificados solo en 2009, lo que refleja la gran magnitud del negocio.

Asegura que el informe preliminar del caso de José Figueroa Agosto  dejó a la opinión pública  impactada, porque  refleja  la incapacidad  de los órganos responsables para desentrañar el modus operandi y los responsables de un negocio que se desarrolla a la vista de todos.

Llamó a la población a rechazar los negocios ilícitos. “No permitamos que este año se pierda en inútiles luchas políticas y carnavales electorales mientras los narcotraficantes extienden sus negocios”.

FJT pide a jueces ser más reflexivos

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) recomendó a los jueces ser reflexivos y juiciosos en la imposición de medidas de coerción por la imputación de crímenes graves, que afectan e impactan el tejido social en su conjunto, convirtiéndose en escándalos lamentables que erosionan y minan la credibilidad del Poder Judicial

El presidente de  FJT Trajano Vidal Potentini pidió además,  a la SCJ y al Ministerio Público dar seguimiento  a la conducta de los jueces y fiscales, ante “la preocupante corrupción que se ha revelado en esas instancias”.

Potentini citó como el mayor escollo para la correcta aplicación del Código Procesal  el cambio de paradigma donde un juez que gozaba de una íntima convicción, amplia y extensa, a la hora de dictar sentencia,  diferente al presente donde lo que prima es la sana crítica o valoración objetiva de las pruebas que en la mayoría de los casos no son recogidas atendiendo a los requerimientos legales del Código en detrimento del proceso, y consecuentemente en beneficio de la delincuencia.

Favorece revisar el Código Procesal Penal para limitar la  discrecionalidad de  los jueces de la Instrucción al momento de valorar los presupuestos  para  imponer  una medida de coerción, así como disponer de  recursos técnicos y logísticos para la capacitación y operatividad eficiente de la Policía Científica. Pidió al Gobierno más  recursos para  una mejor implementación del Código  a través de un salario digno a los policías y  mayor apoyo  a los fiscales.