El presidente del partido político Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, pidió ayer la identificación y publicación de los nombres de los beneficiarios de los pagos secretos ilegales de sobornos por la empresa brasileña Odebrecht que todavía se esconden bajo los seudónimos que “les permitieron tocar su parte del pastel en el festín de la corrupción”.
Dijo que las recientes revelaciones sobre los pagos secretos de US$39.5 millones que hizo Odebrecht para obtener el contrato para construir las plantas generadoras de electricidad Punta Catalina confirmaron la existencia de una vasta operación de encubrimiento.
“El descubrimiento de estos pagos secretos profundiza la crisis política abierta por la pretensión del presidente Danilo Medina de perpetuarse en el poder”, dijo el dirigente político.
Agregó que “para la APD, los más altos funcionarios y parte del aparato judicial están deslegitimados y no hay ante quien recurrir, por lo que se impone un saneamiento”.
Manifestó que esos documentos demuestran que el Gobierno dominicano siguió una línea general de ocultamiento de los pagos secretos de Punta Catalina y del conjunto de hechos de corrupción asociados a las operaciones de la empresa Odebrecht.
“Apoderado de una acción directa en inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional avaló de hecho la ilegalidad, al retardar y luego obviar un fallo sobre el fondo del asunto”, afirmó, tras cuestionar el trabajo hecho por la Comisión de notables creada por el presidente Danilo Medina en 2017 para investigar el caso Punta Catalina.
“A partir de los niveles de conocimiento que ya se tienen de la trama, se puede afirmar que más que complicidad de algunos funcionarios con la empresa, lo que hubo fue una colusión entre los más altos funcionarios de la nación con los más altos ejecutivos de la compañía para la ejecución de la acción delictiva”, sostuvo Puig.
Afirmó que “al desmoronarse la versión oficial de la supuesta limpieza del proceso de licitación y adjudicación de las plantas Punta Catalina y al perder credibilidad los fariseos que lo enarbolaron, el propósito de imponer una reforma constitucional por medios ilícitos queda muy debilitado, haciéndose prácticamente irrealizable”.
Manifestó que “en su desesperación, las fuerzas políticas comprometidas con lo que han llamado su plan de perpetuación en el poder, podrían recurrir a medidas extremas que amenacen el sistema de libertades públicas y los derechos democráticos del pueblo dominicano”.
Añadió que un ejemplo de eso fue la agresión a legisladores y manifestantes frente al Congreso Nacional y el cerco a este.
“Ante esta situación, nuestro pueblo debe hacerle frente a cualquier intento por darle una salida autoritaria a la grave crisis de confianza y legitimidad que se ha profundizado”, indicó Max Puig.