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GUATEMALA (AFP).- El gobierno de Guatemala pidió perdón este lunes a familiares de víctimas y sobrevivientes de una masacre de 268 indígenas, perpetrada por el Ejército en 1982, cuando gobernaba con mano de hierro el ex dictador Efraín Ríos Montt.
«Estamos hoy aquí para pedir en nombre del Estado de Guatemala perdón a todas las víctimas del conflicto (armado)», dijo visiblemente emocionado el vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, durante el acto público que se realizó en la aldea Plan de Sánchez, unos 190 km al norte de la capital.
La aldea Plan de Sánchez fue escenario central, hace 23 años, de la masacre de los 268 índigenas, miembros de la etnia maya Achí, por parte de soldados gubernamentales.
«Quiero reiterarles como representante del gobierno esa disculpa y nuestro firme compromiso de impulsar efectivamente las investigaciones sobre los hechos ocurridos que permitan esclarecer lo que realmente pasó y que permitan identificar, someter a juicio y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos delictivos» afirmó Stein.
Durante la actividad también estuvieron presentes la relatora especial para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la peruana Susana Villarán, delegados de los gobiernos de Canadá y Suecia, así como funcionarios del gobierno guatemalteco.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado guatemalteco el pasado 19 de noviembre por denegación de justicia y ordenó pagar una reparación de ocho millones de dólares a los familiares de las víctimas.
Además, la sentencia ordenó al Estado hacer un reconocimiento de su responsabilidad por los hechos.
«Los que se fueron asesinados, están hoy aquí con nosotros y entre nosotros, y a ellos nos dirigimos también para pedirles perdón y para ofrecerles nuestro mayor esfuerzo para que se haga justicia, las vidas humanas no tienen precio, y la reconciliación es mucho más que pedir perdón», insistió el vicepresidente.
«Así como existió una violencia organizada hacia las víctimas, de esa misma manera debe existir una política del Estado para curar esas heridas», puntualizó el funcionario ante decenas de sobrevivientes.
Por su parte, Villarán apuntó que las personas fueron asesinadas porque eran «indígenas, diferentes, y por eso eran sospechosos y prescindibles».
Las 268 personas masacradas pertenecían a varias comunidades del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, 180 km al norte de la capital, y supuestamente fueron asesinadas porque se negaron a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), organismos paramilitares utilizados por el ejército para reprimir a los campesinos.
Aproximadamente 20 mujeres jóvenes, entre 12 y 20 años, fueron llevadas a una vivienda donde fueron maltratadas, violadas y posteriormente asesinadas, según testigos.
