El Bloque de organizaciones Comunitarias y Sociales Ozama-Isabela pidió ayer al procurador general, Jean Rodríguez, poner en movimiento la acción pública en el caso de los terrenos del vertedero de Duquesa, en cuyo contrato de venta se violentó el ordenamiento nacional.
En una comunicación dirigida al funcionario, los reclamantes señalan que conforme a lo establecido en la Constitución, todo contrato de venta que exceda los cinco salarios mínimos debe ser refrendado por las Cámaras Legislativas, lo que según denuncias no se cumplió en la venta de los indicados terrenos.
Agregaron que además se violentaron las leyes 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; la 42-01 de Salud Pública, y la 176-07 de los Municipios y el Distrito Nacional.
“Por todo eso es que demandamos que esa honorable Procuraduría que usted dignamente representa, inicie el movimiento de acción pública en el caso en cuestión, siempre respetando el debido proceso, sin que esto implique el objetivo principal que es establecer responsabilidades entre los funcionarios públicos que actuaron en el caso, así como las personas físicas y morales que se beneficiaron de dicha venta”, indicaron.
El bloque de organizaciones reclamante lo preside Francisco Alberto Reyes.