La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana envió cartas a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Reinaldo Pared Pérez y Abel Martínez, en las que invita a los congresistas a ponderar los elementos que tienen que ver con “el derecho de propiedad privada, la seguridad jurídica y el debido proceso”, que consideran aspectos relevantes para un buen clima de negocios e inversión en el país.

Las misivas de la Cámara Americana se refieren a tres aspectos vinculados con las figuras del Estado de derecho y la institucionalidad, y están motivadas por el proceso que se sigue en el Congreso sobre el proyecto de ley para declarar loma Miranda parque nacional.

A juicio de la Cámara Americana de Comercio, las decisiones que se tomen sobre el proyecto de ley sentarán un precedente en relación con las garantías para la inversión privada, nacional e internacional. Sobre el debido proceso, se solicita su respeto, puesto que existen leyes específicas que regulan la variación de la condición de un territorio del país, en referencia a que es la Ley de Medio Ambiente, la que establece cuándo y cómo se puede declarar una zona del país área protegida.

La Cámara Americana menciona su trayectoria de contribución con la consolidación en República Dominicana “del desarrollo económico sostenible basado en un ambiente de negocios transparente y justo, respetuoso del Estado de derecho, y socialmente responsable”.

Asimismo, reconoce plenamente la facultad que la Carta Magna atribuye a senadores y diputados “para legislar en representación del pueblo dominicano sobre los asuntos que entiendan pertinentes, con apego a la propia Constitución y conforme al bienestar común”. Con respecto al derecho de propiedad privada, la Cámara Americana refiere al artículo 51 de la Constitución que lo reconoce, “lo que implica que toda expropiación que el Estado decida hacer debe contar con el previo pago de una compensación justa a quien será disminuido e impedido del disfrute del derecho que ostenta en los terrenos a ser expropiados”.

En cuanto a la seguridad jurídica, en las cartas explica que “el respeto a los derechos concedidos debería ser la norma y cualquier variación sin acuerdo entre las partes supondría una violación del artículo 110 de la Carta Magna”.