Por MARIO MÉNDEZ
El secretario técnico de la Presidencia propuso que en la reforma constitucional se prohíba al Congreso establecer nuevos impuestos con destino específico, y que también se establezca que las tasas, derechos y tarifas que manejan algunas instituciones públicas formen parte del presupuesto de la Nación.

En una carta dirigida a los miembros de la Comisión Ejecutiva para el Proceso de la Reforma Constitucional, fechada el 9 de enero, el ingeniero Temístocles Montás recomienda incluir un artículo en la Constitución que establezca que “todos los ingresos corrientes y de capital constituirán un solo fondo” y que “no podrá crearse ingreso alguno con destino específico, con la excepción de los ingresos provenientes del crédito público y de donaciones”.

Aclara que de aceptarse la propuesta anterior, no se entenderán derogadas las Leyes que fueron creando las actuales asignaciones automáticas de recursos, por lo cual sugiere agregar otro artículo a la Constitución que establezca que “en la Ley de Presupuesto General del Estado se podrán conceder

autorizaciones para reorientar rentas cedidas o asignadas y modificar Leyes que establezcan un determinado gasto público, todo aquello con carácter transitorio y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto”.

Por otro lado, el ingeniero Montás explica que dado que la Constitución se refiere a impuestos o contribuciones generales, la aplicación de tasas, derechos y tarifas se entiende que es facultad del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, cuestiona que la creciente tendencia a crear estas tasas por simple resolución administrativa hace que muchas entidades públicas del Gobierno Central cuenten con recursos propios, los que no ingresan a la Tesorería Nacional y por ende no forman parte del Presupuesto General del Estado”.

Para llenar este vacío recomienda la inclusión en la Constitución de un artículo que establezca que “los presupuestos de ingresos comprenderán las entradas estimadas originadas en los impuestos, contribuciones, tasas, venta de bienes y servicios, donaciones en efectivo o en especie, venta ocasional de activos fijos, así como cualquier otro producto de las actividades que realizan los organismos, que originen

una modificación cuantitativa y/o cualitativa del patrimonio, con excepción de las fuentes de financiamiento que establece la Ley Orgánica de Presupuesto”.

En cuanto a los impuestos creados para fines específicos, el ingeniero Montás la práctica de solicitar al Legislador la aprobación, en lo relativo a la inversión, de impuestos específicos, “ha conducido a la proliferación de asignaciones específicas de ingreso-gasto que han generado una inflexibilidad en la asignación presupuestaria, sin muchas veces tomar en consideración el criterio de racionalidad, y que conducen al incumplimiento de dichas disposiciones, creando una ficción jurídica que debilita el Estado de Derecho”.

Señala que de haberse dado cumplimiento al conjunto desordenado de disposiciones que establecen asignaciones automáticas de gasto, para el año 2006 las mismas hubiesen representado el 45.9% del total del Fondo General del Estado, el cual se elevaría a un 58.3% cuando se agrega la aparte del mismo Fondo forzosamente destinada al servicio de la deuda pública”.

Además, indica que las recaudaciones de impuestos especializados ascendieron entorno al 12% del total de las recaudaciones fiscales del pasado año.

“Esta situación, que podríamos calificar de exceso en la creación de destinos específicos  a los ingresos del Estado, frente a situaciones no previstas, ha conducido a que países como Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras hayan incorporado disposiciones, a nivel de la Constitución, para evitar que sigan proliferando estos destinos específicos y ocasionando escenarios de incumplimiento de Leyes con carácter permanente”, expresa el ingeniero Montás en su carta.