POR ALEIDA PLASENCIA
La Asociación de Industrias de la República (AIRD) advirtió que es indispensable que las cámaras legislativas se aboquen a revisar cuidadosamente el «Proyecto de Ley de Defensa al Consumidor y Usuarios», porque contiene serias contradicciones de forma y fondo que imposibilitarían su eficaz aplicación.

Manifestó, asimismo, que ese proyecto tiene contradicciones que contravienen principios de libre competencia y algunas que, de aplicarse tal como se encuentran en dicha pieza, podrían generar una distorsión en el mercado de alimentos y medicamentos.

El proyecto en cuestión, el cual fue aprobado en la Cámara de Diputados y perimió en la pasada legislatura, contiene, según la AIRD, una serie de disposiciones que a pesar de haber sido observadas por los representantes del sector empresarial durante el proceso de consulta, contravienen principios de libre competencia y las mismas no fueron modificadas.

En ese sentido cita el artículo 17, en la parte G, del proyecto, donde establece: «Solicitar al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), al Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE) y a otras instituciones públicas afines, la ejecución de acciones y programas dirigidos a garantizar, cuando sea necesario, el abastecimiento a precios accesibles de alimentos esenciales y medicamentos prioritarios».

Respecto a este artículo, la AIRD considera que incluir una disposición de esta naturaleza, podría generar una distorsión en el mercado de alimentos y medicamentos, mediante el subsidio indiscriminado de productos.

En general, en este accionar, expresa la AIRD, el Estado debería participar con subsidios directos a las personas, más que con subsidios a los productos.

Manifiesta que, en adición, el concepto de «precios accesibles» es muy subjetivo y no se compadece con el principio de libre mercado que debe regir en nuestra sociedad.

Consideró conveniente que esta disposición se lea como sigue: «el abastecimiento a precios competitivos de alimentos esenciales y medicamentos prioritarios».

La AIRD refiere el artículo 19, parte N, el cual plantea: «Organizar un sistema de información y orientación de los consumidores y usuarios relativos al comportamiento de los precios de los productos prioritarios en los mercados, alternativas de consumo de bienes y servicios, responsabilidad en el consumo, así como sobre los beneficios o riesgos de los bienes y servicios ofertados en el mercado».

Al respecto, la AIRD considera que la creación de un sistema de esta naturaleza podría convertirse en un mecanismo indirecto de control de precios y fuente de desinformación.

Añade la AIRD que los productos de un mismo renglón pueden tener precios distintos, dependiendo de las características especiales que les incorpore un determinado fabricante.

«De ahí que una encuesta que establezca precios por renglón, sin discriminar en base a las características de los productos, estaría propiciando presión irreal en productos hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de dónde se coloque un producto que se entienda en el renglón que establezca pro consumidor», sostiene.

Igualmente entiende que la ubicación de los productos con los precios correspondientes, debe ser el resultado de la competencia entre los diversos agentes del mercado.

«Si hay fijación de precios resultado de abuso en la posición dominante de una empresa o que sea consecuencia de un concierto de voluntades, entonces ahí deberá intervenir el órgano que se cree con la aprobación de una ley de competencia», señala.

Por esas razones, en un documento de prensa, la AIRD, concluye con la solicitud de que esta disposición sea revisada.