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El coordinador del Movimiento Caamañista, Narciso Isa Conde, consideró ayer que la privatización del sistema eléctrico fracasó totalmente y propuso que el sector público lo retome basado en un carácter público y social, reduciendo el clientelismo.
Afirmó que para poner fin a los apagones el Movimiento Caamañista planteó la eliminación de los contratos leoninos con las generadoras privadas, bajar los costos de las operaciones mediante una reestructuración tecnológica y administrativa, y la integración vertical y horizontal del sector.
Isa Conde afirmó que la privatización impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fracasó totalmente, ya que a diez años de haberse realizado la venta de la CDE, los privatizadores no han podido exhibir el logro de un solo de los objetivos prometidos para justificar el despojo de ese patrimonio del pueblo dominicano.
Deploró que las esperadas inversiones para el sector nunca llegaron y la supuesta capitalización fue financiada con aumentos de tarifas en medio de un gran atraso tecnológico.
Señala que actualmente el precio del kilovatio/hora es de US$0.26, muy por encima del vigente en el resto de los países del continente que oscila entre los US$0.10 y US$0.15.
Indicó además que el subsidio al sector eléctrico se ha elevado considerablemente pasando de RD$180 millones en el 2000 a RD$19 mil millones este año.
El dirigente comunista manifestó que la gestión privada ha sido ineficiente lo que ha obligado a la recompra de las empresas distribuidoras quebradas, a un precio mayor del que se habían vendido.
Citó como ejemplo que las acciones de las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste, fueron vendidas por el Estado dominicano por US$321.2 millones y luego recompradas por la suma de US$907 millones, lo que constituyó un negociazo.
Zoom
Nuevo modelo
Planteó como solución a los apagones instalar un nuevo modelo eléctrico en el país basado en el carácter público y social del sector energía, reduciendo el clientelismo y la corrupción.
Desprivatizar
Propuso la desprivatización del sistema eléctrico, que sea concebido como un servicio público y un deber del Estado, a través de un nuevo modelo de propiedad.
