POR MANUEL JIMÉNEZ
El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), ingeniero Diandino Peña, dijo ayer que el gobierno tiene que dar evidencias de que puede resistir las huelgas en el transporte de pasajeros “sin ningún inconveniente” y reiteró que las medidas que se aplicarán en el sector requieren tiempo y estudio.

Peña dijo que si las federaciones y asociaciones de transportistas privados insisten en su método de lucha, el gobierno lo único que tiene que hacer es invitarles a que hagan sus huelgas, pero respetando los derechos de los ciudadanos.

“Después de la huelga, entonces veremos la posibilidad si ellos quieren seguir dialogando, pero en medio de un llamado a huelga, con presiones como las que han venido ejerciendo, es imposible seguir dialogando de una manera civilizada”, dijo.

Peña, que habló a los periodistas a solicitud del director de Prensa del Palacio Nacional, Rafael Núñez, aclaró que las negociaciones deberán ser sustentadas en documentos y estudios que demuestren al país que las cosas se harán en la dirección acordada.

El funcionario reaccionó ante el paro en el transporte de pasajeros realizado ayer durante cuatro horas por las federaciones y asociaciones de chóferes que exigen a las autoridades la puesta en marcha de subsidios y una revisión de la tarifa en el sector.

Peña advirtió que en su condición de director de la OPRET se opone “rotundamente a improvisar e implementar subsidios, si no tenemos a la mano las herramientas, y se las hemos pedido a ellos mismos. Primero, tenemos que tener las herramientas porque el recurso de las huelgas es muy peligroso y les hemos advertido que tengan mucho cuidado porque aquí hay sector enquistados en la sociedad dominicana que pueden usar este recurso e ir mas allá de las pretensiones que ellos persiguen”, dijo el ingeniero Peña.

El funcionario cree que no están dadas las condiciones para llamar a paros parciales o totales en el sector transporte por cuanto el gobierno ha evidenciado un proceso abierto de diálogo, destacando que por primera vez es el propio presidente de la República quien anuncia la implementación de medidas para beneficiar al sector.

“De lo que se trata es que tengan la suficiente cordura, armonía y paciencia para esperar que estas cosas traigan los beneficios en el momento justo y adecuado”, dijo Peña, recordando que 40 años de desorden en el sector  no pueden solucionarse en tres días.

Explicó que en las reuniones con los transportistas hubo consenso de que el punto principal para la solución del caos en el sector es de carácter institucional, creando una Autoridad Única de Transporte, como anunció el presidente Fernández.

Peña destacó que se ha creado una oficina de transición que está trabajando para la implementación de las medidas anunciadas el 27 de febrero pasado por el presidente, entre ellas la integración de los chóferes al régimen de seguridad social, la creación de una escuela para conductores y un subsidio para estudiantes, envejecíentes y discapacitados, así como la revisión de la tarifa de transporte.

Peña se quejó de que los transportistas, pese a la disposición del gobierno de implementar estas medidas, retomen el camino de los paros y las huelgas.

Dijo que el gobierno no se opone a la creación de un subsidio a los transportistas de pasajeros ya sea directo o a través de un aumento en la tarifa, pero para esto hay que demostrar documentalmente que esa medida es necesaria.

“Aunque hemos iniciado procesos de validación y consolidación en la tarifa, no es menos cierto que no hemos logrado consensuar con ellos cuáles son las variables que inciden en los precios y de cuánto es el aumento que debía hacerse a la tarifa”, dijo.

Peña dijo que una vez se determine la necesidad del subsidio, el gobierno tiene que identificar primero quienes son los usuarios que van a ser beneficiarios de esa política, pese a que se tiene estipulado que van a ser estudiantes, discapacitados y envejecíentes.

Insistió en que primero hay que establecer cuántos estudiantes, envejecíentes y discapacitados se van a beneficiar y una vez establecido esto hay que delinear el método a través del cual se implementara el subsidio para que esto no se convierta en un método de corrupción o desvío de fondos públicos.

Dijo que algo fundamental, además, es que debe identificarse las fuentes de las que van a salir los recursos para este subsidio.

“Estamos ante un escenario en el que los transportistas pretenden que el gobierno implemente estas medidas sin tener las herramientas, de manera inmediatita y aplicando parches, para que esto se le endilgue después al gobierno como un fracaso”, dijo Peña.