BOGOTA (AP).– Los 15 ex jefes paramilitares detenidos llamaron ayer, jueves, a sus pares que aún no han sido ubicados a que se entreguen a la justicia por las violaciones de derechos humanos que les imputan, todo con el fin de continuar el proceso de paz en curso. «Exhortamos a nuestros ex compañeros de armas a servir con su aporte y compromiso los aportes internos de la paz’’, manifestaron en un comunicado entregado en el centro de reclusión de Rionegro, a unos 200 kilómetro al suroeste de Bogotá.

En el documento se califican como «presos políticos’’ y piden a los combatientes desmovilizados que cumplan «cabalmente con las obligaciones adquiridas para contribuir en la construcción de la paz’’.

El vocero de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Campesinas (AUC), Carlos Restrepo, aseguró que los ex comandantes que aún no se entregaron a la justicia están en proceso de hacerlo «pero tienen que organizar(se) y despedirse de la familia. Después de la exhortación que se les ha hecho ellos estarán entregándose’’.

Por ahora, entre los detenidos por la policía o los que se pusieron a disposición de las autoridades voluntariamente en la víspera figuran Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque, alias «Ernesto Báez’’, Ramón Izasa, Carlos Jiménez, Hernán Giraldo, Luis Cifuentes y Freddy Rendón.

Pero se desconoce el paradero de Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40’’, Vicente Castaño y varios más que falta por someter a la justicia.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel Castro, advirtió que «los que no se han presentado deberán hacerlo o los vamos a capturar y ya estamos en el proceso de su localización’’.

El presidente Alvaro Uribe explicó que el arresto de los jefes paramilitares desmovilizados busca «darle credibilidad’’ al proceso de paz con estos grupos de extrema derecha que se desarmaron y sacaron de la guerra a unos 30.000 combatientes en los últimos 18 meses.

Analistas sugirieron que Estados Unidos, que reclama en extradición a varios ex comandantes paramilitares para juzgarlos por narcotráfico, presionó a Uribe para llevarlos a la cárcel, debido a que las captura de los ex comandantes de las AUC se produjo después de la visita de la jefa de la DEA Karen Tandy.

«No tengo conocimiento de presiones. Fue una decisión propia de nuestro presidente que quiere ponerle seriedad a este proceso’’, dijo Castro.

Posiblemente los ex dirigentes paramilitares serán concentrados en una cárcel improvisada en el municipio de La Ceja, a 250 kilómetros al noroeste de la capital, pero Restrepo visitó las instalaciones y dijo que no reúne las condiciones para albergar «decentemente’’ a nadie.

El vocero de las AUC, Ernesto Báez, manifestó tras ser conducido a la cárcel, que todos los jefes paramilitares aceptaron la decisión de Uribe, ya que están «dispuestos a acudir a los tribunales y cumplir cabalmente con las decisiones que los jueces y magistrados tomen’’.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, afirmó los arrestos de ex comandantes paramilitares es el comienzo de la aplicación de la polémica Ley de Justicia y Paz, que los favorece con sentencias de prisión de entre 5 y 8 años de prisión si confiesan todos sus delitos.

«La fuerza pública no tenía alternativa distinta para conducirlos ante las autoridades’’, dijo a la AP.

Ana Teresa Bernal, directora de la organización no gubernamental Red de Iniciativas por la Paz, expresó a la AP que espera «que esto no repercuta en mayores situaciones de violencia, nos acerque a la paz y de cara al país estas personas se presenten ante la justicia que les ofrece unos beneficios’’.

Los grupos paramilitares se formaron hace dos décadas de la mano de hacendados para combatir a las guerrillas izquierdistas, pero terminaron ligados al narcotráfico y cometieron graves crímenes.