La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), rechazó la justificación de los presidentes de la Cámara de Diputados y de su comisión de justicia, Alfredo Pacheco y Alexis Jiménez, respectivamente, sobre las «complacientes y benignas» penas contempladas en el recién aprobado proyecto de Código Penal para el crimen de la corrupción, previsto en el artículo 303 del proyecto, con condenas máximas dos a tres años de prisión.

De acuerdo a un comunicado enviado a la prensa por la entidad, «resulta un contrasentido el que el actual y viejo Código Penal vigente, contempla penas de hasta diez años para la corrupción, planteándose una clara involución, en momentos donde el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con Abinader a la cabeza, viene dando notaciones de un compromiso serio en contra de la corrupción administrativa, con un Ministerio Público, actuando con independencia y varias iniciativas en curso, desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Contrataciones Públicas y otras instancias del gobierno»

El presidente de FJT, Trajano Potentini, lamentó la visión errada y la falta de orientación de los diputados Pacheco y Jiménez, al considerar que por el cúmulo de penas, en materia de corrupción y por los posibles delitos concurrentes, siempre habrá un castigo mayor a los tres años, pudiendo llegar a los 60 años como prevé la citada normativa, desconociendo con ello que el instituto de derecho penal (cúmulo de penas), tiene un alcance general extensivo a todas las infracciones; en cuya lógica bastaría que todos los delitos sólo se castigarían con penas de dos a tres años.

Potentini explicó además que hoy día la lucha contra la corrupción trasciende la propia República Dominicana, con compromisos internacionales y convencionales, demás de su raigambre constitucional, al proscribirla en los artículos 140 y siguientes.

Finalmente, Justicia y Transparencia instó a los diputados a corregir el «perturbador y decepcionante yerro», contemplando penas de hasta 20 años por los delitos de corrupción, con la posibilidad de ser aumentadas por efectos del cúmulo de penas; además de desempolvar el proyecto de ley que ha perimido, unas siete veces en la Cámara Baja, sobre la extinción de dominio, una herramienta efectiva para incautar y recuperar los bienes robados.