SAN FRANCISCO .— Agentes de inmigración entregaron avisos de inspección a 77 restaurantes y otros negocios en el norte de California esta semana y les dieron tres días hábiles para demostrar que sus empleados están autorizados a trabajar en Estados Unidos, confirmaron el viernes las autoridades.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) repartieron los avisos a diversos establecimientos en Sacramento, San José, San Francisco y otras ciudades del norte de California.

Las inspecciones atrajeron la atención a las de por sí ya tensas relaciones entre las autoridades federales y el estado de California en torno a las políticas para controlar la inmigración.

La senadora demócrata Kamala Harris consideró que los avisos son el esfuerzo más reciente para “castigar a California”.

“Si bien las autoridades policiales deberían darle prioridad a (la captura) de delincuentes peligrosos, las redadas generalizadas derivarán en la deportación de los que viven vidas apegadas a la ley y erosionarán la seguridad pública en las comunidades de inmigrantes”, afirmó Harris en un comunicado.

En los avisos de inspección se solicita a los propietarios de los establecimientos que presenten los llamados formatos I-9, que los empleados deben llenar cuando se contratan por primera vez a fin de confirmar que cuentan con permiso de trabajo, y presentarlos ante las autoridades federales a más tardar en tres días hábiles, señaló Schwab.

Si los empleadores no cumplen o carecen de formas válidas, podrían enfrentar multas o juicios penales si están violando la ley a sabiendas, señaló.

Schwab dijo que el operativo de esta semana está “enfocado en proteger los puestos de trabajo para los ciudadanos estadounidenses y otras personas que están empleadas legalmente, lo que elimina las ventajas competitivas injustas para las compañías que contratan una fuerza laboral ilegal, y fortalece la seguridad pública y nacional”.

Estas inspecciones se llevan a cabo luego que el mes pasado el ICE efectuó auditorías de empleo a unas 100 tiendas 7-Eleven en 17 estados y el Distrito de Columbia, y en una época en la que el gobierno del presidente Donald Trump renueva las verificaciones a los empleadores de que están cumpliendo con las leyes de inmigración.

La nueva medida tiene lugar dos semanas después de que el fiscal general de California, Xavier Becerra, advirtió a los dueños de negocios que tendrían que pagar multas de hasta 10.000 dólares si violan la ley estatal que les prohíbe entregar expedientes de los trabajadores a las autoridades federales de inmigración.

Thomas Homan, director interino del ICE, ha criticado repetidas veces a California por la así llamada ley de “estado santuario” que limita estrictamente la cooperación de las agencias policiales locales con las autoridades federales de inmigración cuando fichan a personas en las cárceles por otros motivos.