La familia Richiez solicitó ayer a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), revocar el dictamen de la Procuraduría General de la República que dispuso el archivo definitivo de la querella interpuesta por ellos contra cuatro jueces y la secretaria del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este.

En una instancia de Interposición de Formal Objeción depositada por secretaría, la familia solicitó además al presidente de la alta corte, Mariano Germán, designar un juez especial para que conozca el fondo de su solicitud.

El caso. La familia Richiez interpuso una querella con constitución en actor civil, contra los jueces Lorenzo Salvador Zorrilla Núñez y José María Vásquez Montero; y la secretaria Brunilda Veras de Mota, por alegadas falsedades de escritura pública y uso de documento público falso en su perjuicio, durante el conocimiento una litis de terrenos registrados.

Alegan los querellantes, que ellos son propietarios de unos terrenos con vocación turística/hotelera ubicados en Nisibón, Higüey, y que se le pretenden adjudicar al Central Romana Corporation.

Resaltaron que los referidos jueces aseguran que dieron una decisión judicial “en una audiencia pública que nunca ocurrió, que jamás se verificó” en el citado tribunal, lo que indica que es una “sentencia falsa de falsedad criminal”.

Decisión del Ministerio Público. Sin embargo, para el procurador general adjunto y coordinador de procesos disciplinarios de la Procuraduría, Víctor Robustiano Peña, los hechos denunciados por la familia Richiez “no constituye infracción penal alguna”.

Consideró que si los querellantes no estaban conformes con el auto dictado mediante un proceso administrativo y sintieron que su decisión laceraba sus derechos, tenían la oportunidad de recurrir a un segundo grado, ya que disponían del beneficio de los plazos para interponer el recurso de apelación por ante la Jurisdicción Inmobiliaria correspondiente.

En consecuencia, dispuso el archivo definitivo de la querella, mediante auto número 1351.

Abogados emplazan. Los abogados de la familia Richiez, Jorge Lora Castillo, Ricardo Ayanes Pérez, Rosy Richiez y Salvador Catrain solicitaron también a la SCJ ordenar al Ministerio Público “continuar y/o formalmente realizar una investigación objetiva de los hechos punibles atribuidos a los citados jueces, y en consecuencia, presentar en su contra un acto conclusivo del procedimiento distinto al archivo, en el plazo de Ley de 20 días hábiles”.

Miembros familia querellante. Son Valentín y Carlos Manuel Richiez Martínez; Miguel Emilio Richiez Serrano y Francisco Antonio Richiez, quienes afirman que los terrenos son de ellos.