Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
El director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), Jesús Féliz Jiménez, pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia «inobservar» el dictamen del procurador general Víctor Céspedes Martínez en torno al caso seguido contra los acusados de un fraude por RD$200 millones a través del Subsidio Focalizado al GLP.
Céspedes Martínez dictaminó que no hay indicios «suficientes, serios precisos y concordantes» para procesar al ex secretario de Industria y Comercio, Ángel Lockward,, quien es dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y otras 54 personas, incluyendo al diputado reformista Noé Sterling Vásquez.
La petición de Féliz Jiménez está contenida en una instancia dirigida de manera expresa a la magistrada Dulce Rodríguez de Goris, encargada de la instrucción del expediente.
El director del DEPRECO defendió el trabajo de los técnicos de la Contraloría General de la República y los auditores del organismo anticorrupción, quienes, afirmó, realizaron una pesquisa seria.
Dijo que la auditoría «es de alta solvencia profesional, ético-moral» y que los técnico actuaron «con elevada profesionalidad».
Agregó que está consciente de que el dictamen de Céspedes Martínez «es la expresión de una valoración de tipo extrajudicial, que está fundamentada en un interés que nada tiene que ver con todo lo que se pueda encontrar en el cuerpo del expediente».
Consideró que la decisión puede ser el resultado de un interés que «bien puede ser dado por relaciones primarias con algunos de los involucrados.
Al mismo tiempo y aunque reconoció que el Procurador es el máximo representante del ministerio público y que el DEPRECO forma parte de la Procuraduría, Féliz Jiménez, manifestó que no comparte «en lo más mínimo el dictamen contentivo de la opinión dada por la Procuraduría».
Asimismo, en la comunicación, Féliz Jiménez expresó su confianza en que la jueza Rodríguez de Goris actuará conforme al mérito de los elementos incriminatorios que contiene el expediente.
Otros involucrados son una ex subsecretaria de Industria y Comercio; un director y una auditora, un oficial de la Marina de Guerra, así como un coordinador y un supervisor del programa, un asistente de Lockward y 45 dueños de plantas de gas propano de todo el país.
