La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), junto a instituciones aliadas como Asociación de Empresas del Centro de Santiago (ASECENSA), Consejo Nacional de Consultores Impositivos (CONACI) y los contadores, solicitaron al Congreso Nacional la extensión por seis meses del plazo para acogerse a la Ley 46-20 y la Norma General 5-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial.

Expusieron sus justificaciones en una rueda de prensa Sandy Filpo, presidente de ACIS; el asesor Bernardo Espinosa; Danilo Batista, representantes de contadores públicos; José Octavio Reynoso, presidente de ASECENSA; Cristian Cepeda, del Consejo Nacional de Consultores Impositivos y Nelson Hahn, firma de auditores.

El empresario Filpo, quien fungió de vocero del grupo de entidades, consideró que la postergación de la aplicación de la norma se la están sugiriendo al Congreso, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), tras esperar receptividad en esas autoridades.

Recordó que se aprobó esa ley de especie de sincerizacion patrimonial y amnistía fiscal, pero la mayoría de las empresas no se han podido acoger debido a dificultades provocada por la pandemia del covid-19.

Además del presidente de la ACIS, hablaron los representantes de las demás instituciones, quienes urgieron la necesidad de que se posponga hasta abril o mayo esa norma que debía aplicarse a partir del lunes 11 de enero 2021.

Informaron que algunas de estas entidades no podrían cumplir con los requisitos para acoger la Norma General 5-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial.

Manifestaron que el objetivo es que se pueda posponer por lo menos por seis meses para que más empresas puedan acogerse y cumplir con los requisitos de la norma que procura la sincerización patrimonial.

La ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial tiene como objetivo establecer un régimen tributario especial con carácter transitorio, para que los contribuyentes, voluntariamente transparenten todos los derechos, bienes muebles e inmuebles declarados o no declarados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como revalorizarlos conforme los precios actuales de mercado. Adicionalmente, les permite a los contribuyentes beneficiarse de facilidades de pago para deudas tributarias determinadas a la fecha de entrada en vigencia.