Hoy 
POR ODALIS MEJIA
El Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y el Comité de los Derechos Humanos (CDH) solicitaron al gobierno una amnistía a favor de todos los trabajadores inmigrantes haitianos con más de diez años en el país, otorgándoles una residencia permanente para que puedan tener acceso a la Ley de Seguridad Social, regularizar su estatus y dignificar sus vidas como seres humanos.
En documento entregado en la Dirección de Migración por el ciudadano haitiano Joseph Cherubin, director de MOSCTHA y Virgilio Almánzar, presidente del CDH, plantean que es necesario que el Estado Dominicano reconozca el aporte de los trabajadores haitianos en la industria del azúcar y que hoy se encuentran sin amparo, luego del proceso de privatización de ese sector.
«Luego de la privatización de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar los moradores de los bateyes han quedado prácticamente huérfanos sin una mano que lo ampare y los ayude a sobre llevar tan extrema miseria y marginalidad», resaltaron.
Almánzar explicó que esta situación se agrava con entrada en vigencia de la seguridad social, ya que los inmigrantes haitianos no tendrán acceso a los servicios de salud y otros derechos que garantizar ese sistema, ya que esos trabajadores carecen de documentos de identidad personal.
En tanto Cherubin dijo que no apoyan el ingreso de indocumentados, pero que se debe legalizar la situación de los que residen aquí por tantos años trabajando duramente con bajos salarios.
Apuntan que dado su contribución al crecimiento económico del país, el Estado dominicano tiene una deuda social con estos trabajadores que dedicaron toda su vida al desarrollo de la industria azucarera, por lo que debe garantizar la regularización del estatus legal de esos braceros mediante el otorgamiento de residencias permanentes.
En tan sentido, proponen que el Estado suscriba la convención para la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias.
Refirieron los antecedentes de amnistía a favor de inmigrantes adoptados en países como Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, países que dicen reconocieron el aporte de trabajadores extranjeros por el bienestar de esas naciones.
