Los abogados del empresario Angel Rondón solicitaron anoche la anulación del expediente acusatorio contra su cliente acusados junto a otras cinco personas de recibir sobornos por RD$92 millones de la empresa brasileña Odebrecht, argumentando que no se respetó el debido proceso en la apertura del juicio.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia, encabezado por el magistrado Luis Henry Molina, ordenó continuar la audiencia hoy a las 3:00 de la tarde.
El Ministerio Público consideró que no tiene sentido la solicitud de los abogados, pues además de hacer perder tiempo, se hacen sin que se hayan presentado las acusaciones de lugar.
Los acusados son Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga, el senador Tommy Galán, el exsenador Andrés Bautista, Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa.
El proceso inició el 12 de septiembre pasado, pero no ha entrado a juicio de fondo por los incidentes presentados por los defensores de los acusados.
Los abogados de Rondón plantearon que en la apertura del juicio de fondo, se violaron procesos y principios que vulneran los derechos del acusado y las pruebas presentadas se caen por falta de sustentación.
Ayer la audiencia, que inició a las 3:00 de la tarde y que terminó pasadas las 7:00 de la noche se centro en la presentación de incidentes por parte de la defensa de Rondón.
Terminaron la presentación con varias solicitudes, entre estas la habilitación de la jueza Nancy Salcedo, excluida del caso por ocupar cargos administrativo.
Expusieron que en el proceso hay injusticia extrema y discriminación, pues se excluyó a personas y obras.
Chivo expiatorio
El empresario Angel Rondón pidió la palabra y expresó que él lo tomaron como chivo expiatorio. Refirió que el Ministerio Público pudo hacer un expediente acusatorio gracias a las informaciones que él entregó de buena fe. Afirmó que si en el país hubo soborno el único funcionario en saberlo es Marcos Cruz, ejecutivo de Odebrecht, quien se fue de República Dominicana el 15 de diciembre de 2016 y “jamás volvió”. Cree que la acusación se caerá por falta de pruebas contundentes. Cuestionó el acuerdo por US$184 millones entre el Gobierno y Odebrecht.