POR ODALIS MEJIA
Más de una docena de organizaciones hicieron un llamado al Senado de la República para que apruebe el proyecto de ley de protección al consumidor tal como fue sancionado por la Cámara de Diputados, por entender que es una legislación general y consensuada que beneficia a todos y no perjudica a nadie.

Negaron que el proyecto establezca «precios sugeridos» como denunciaron los empresarios Celso Marranzini, Ignacio Méndez y Manuel García Arévalo, miembros de la Oficina de Enlace Senado-Sector Empresarial, sino que plantea la información de precios para que el consumidor pueda tener acceso a la libre competencia y hacer la mejor elección.

«Si tenemos la información de decir cuanto cuesta un producto, podemos establecer un precio justo en el que no pierda el productor, ni el comerciante y gane el consumidor, o sea, no planteamos control de precios, sino el acceso a la información, ya que los mercados tienen que ser transparentes, apuntó Altagracia Paulino, presidenta de la Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECON).

Paulino, quien hizo sus planteamientos durante una visita a HOY, señaló que el proyecto de ley no plantea fijación de precios, ni precios sugeridos, como dijeron los empresarios, sino que «lo que propusimos fue que en determinadas situaciones se invoque la Ley 79 del 1974 para que en momentos de catástrofes las autoridades asumieran medidas para evitar que se especule en contra de los consumidores».

Apuntó que las Naciones Unidas reconoce los derechos del consumidor como derechos humanos, por lo que instó a todos los países a legislar por una ley de protección al consumidor ante el advenimiento de un nuevo orden económico, tras señalar que la República Dominicana es uno de los pocos países que no cuenta con leyes de protección al usuario.

Dijo que luego de unas 39 reuniones en los últimos dos años, y tras lograr el consenso con los empresarios, no es justo que la pieza que fue sancionada favorablemente a unanimidad por los diputados, sea torpedeada en el Senado.

Sugirió a los senadores invitar a los sectores de la sociedad civil al conocimiento de la pieza, si en realidad quieren una participación pluralista, tras confiar en el deseo que tienen los legisladores de favorecer la pieza.

«El Senado tiene un compromiso y una responsabilidad social , además si el Senado quiere hacer una trabajo pluralista no tiene que tener sólo una comisión de empresarios. El senado es un poder del Estado y si quiere tener una representación pluralista que invite a la organizaciones de la Sociedad civil para que tenga una verdadera representación», expresó Paulino. Acusó a los empresarios de tener sólo una cultura rentista mediante la cual quieren que los gobiernos les den facilidades y ellos no ceder nada.

Consideró que si los empresarios pagan sus impuestos, no violan las leyes, no tienen que temerle a nada, tras indicar «queremos seguir viviendo en la impunidad y la sociedad dominicana ya no aguanta más».

Paulino resaltó que su interés por el proyecto de protección al consumidor no obedece a ninguna intención particular, «sino que en el país haya institucionalidad, que camine por otro rumbo en materia de precios y defensa al consumidor que somos todos, defensa ciudadana y en materia de que las empresas asuman su responsabilidad que no la han cumplido».

Reiteró que en el país existe una cultura del engaño a todos los niveles de la actividad comercial , por lo que el organismo defensor de los usuarios, previsto en la legislación, tendrá que tomar una serie de mecanismos que impidan que el consumidor siga siendo estafado.

Puntualizó que el mercado tienen que estar reglamentado para que haya equidad. «Si el mercado no está reglamentado siempre vamos a ser víctimas de la cultura del engaño, por eso es que el país necesita la ley y de un organismo que sea creíble y en el que todo el mundo sea escuchado».

NO ESTÁN CONTRA NADIE

Reiteró que las organizaciones de defensa al consumidor no están contra nadie, al indicar que el usuario y el proveedor son aliados estratégicos, interdependientes por eso debe hacer una relación armoniosa y equitativa.

Los planteamientos de Paulino fueron refrendados por Robinson Ruiz, presidente del Consejo Dominicano de Organizaciones de Consumidores y Alfonsina Cuesta, directora ejecutiva de FUNDECOM, así como de una docenas de organizaciones a fines.

Ruiz calificó el proyecto de ley como muy amplio, ya que abarca todo los bienes y servicios de consumo, por lo que no aceptan ninguna modificación como lo pretenden algunas organizaciones empresariales, tras confiar que el Senado tomará en cuenta el consenso que reinó en la cámara baja.

En tanto Cuesta reiteró que la legislación de protección al usuario es una necesidad nacional, ya que los dominicanos están desprotegidas de los comerciantes que aplican prácticas en su perjuicio como es la publicidad engañosa, la retención de dinero menudo, la no claridad en los contratos de adhesión, entre otras.