Hoy 
La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y la Unión Dominicana de Seguridad Social (UDOSS), demandaron del Estado extender la cobertura de la Seguridad Social a los trabajadores de la micro y pequeña empresa, y también para quienes pertenecen al sector informal.
Piden en ese sentido que el Consejo Nacional de la Seguridad Social ponga en marcha el Régimen Contributivo Subsidiado o busque un régimen especial en el que sean integrados al sistema los seis millones y medio de personas que aún no cuenta con un seguro de salud, más del 65% de la población.
La petición fue hecha por Roberto Sánchez, presidente de UDOSS, en la celebración del primer Congreso Nacional de Seguridad Social y la Primera Exposición de Salud y Biotecnología en el hotel Dominican Fiesta.
Sánchez urgió la necesidad de una nueva modalidad en el sistema, tras alegar que los pequeños y medianos empresarios no pueden pagar los costos del régimen contributivo de la Seguridad Social porque, según él, son insostenibles.
De su lado, el ingeniero Issaachart Burgos, presidente de Codopyme, dijo que es necesario la creacion de un régimen que esté acorde con la ley 488-08, donde quede contemplado el tamaño de las empresas. Lo que quiere decir que cada compañía pague una tarifa fija de acuerdo a su tamaño, tal y como lo establece el articulo 2 de la ley de las Mipymes.
Ese evento tuvo por objetivo la definición de un conjunto de recomendaciones que pretenden que sirvan de base para la revisión de las políticas publicas de seguridad social.
Hernando Pérez Montás Al exponer sobre el Impacto Actuarial de la Crisis Financiera y Falencias del Régimen Nacional de Pensiones, indicó que la Ley 8701 adolece de graves fallas de diseño en el orden técnico actuarial y que incluso algunas de las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones son inapropiadas técnicamente.
Pérez Montás consideró además que durante el sistema de pensiones se presentaron diversas fallas en el proceso de implementación de la ley y restriciones a las políticas de inversión de las reservas, que han originado tasas reales de retorno inferiores a las previstas.
Explicó que el potencial costo fiscal que debe pagar el Gobierno por la transferencia de pensiones del Instituto de Seguros Sociales (IDSS) y las entidades autónomas a cargo del Ministerio de Hacienda, podrían igualar el total de activos acumulados en el nuevo régimen de capitalización individual. Explicó que esto tendría como resultado una tasa neta de ahorro nula en los primeros seis años de aplicación de la Ley.
