Hoy 
POR TANIA HIDALGO
El procurador general de Medio Ambiente solicitó ayer a la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional una audiencia para que establezca medidas de coerción contra ex funcionarios y directivos de la empresa Trans Dominicana de Desarrollo que están acusados de permitir la importación de «rock ash», al define como material tóxico.
El procurador David La Hoz pidió prisión contra los ex funcionarios e impedimento de salida del país al ex secretario de Medio Ambiente, Frank Moya Pons.
La Hoz pidió además la colocación de impedimento de salida del país contra el ex director de Aduanas, Vicente Sánchez Baret; el ex director de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Arsenio Borges, y el vicepresidente de la firma Altol, Getulio Beato.
En una instancia depositada ayer en la tarde ante la jueza Doris Josefina Pujols, el procurador de Medio Ambiente entiende que debe dictarse prisión preventiva contra Antonio Rosario, Héctor Manuel Evertz y Onéximo González, del consejo directivo de Trans Dominicana de Desarrollo, el ex subsecretario de Gestión Ambiental, René Ledesma; Amada Manzueta, ex gobernadora de la provincia Samaná; Rafael Antonio Guzmán Torres, ex síndico de Pepillo Salcedo, en Montecristi, y Roger Charles Fina, presidente de Multigestiones Valenza.
En la querella se incluye además a la empresa Silverspot Enterprises de Puerto Rico.
La Hoz hace la solicitud «ante un hecho notorio como lo es la denuncia de introducción al país de lodo cloacal y otros materiales tóxicos por embarcaciones provenientes de Puerto Rico, los cuales fueron depositados en los puertos de Arroyo Barril y Manzanillo, provincias de Samaná y Montecristi».
En el documento hay una lista de personas e instituciones que dan constancia de las propiedades tóxicas y peligrosas del material rockash y su vinculación con los daños ocasionados a la salud de los residentes de la zona cercana al lugar donde se depositó el material, así como de la fauna y flora afectadas, entre ellos el arquitecto Luis Lajara, el Instituto de Química de la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD), la academia de Ciencias de la República Dominicana y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Noroeste (CIDEN). Asimismo, el senador de la provincia Samaná, Ramiro Espino; Miledys Maldonado, Víctor Jiménez y Mario de los Santos.
El procurador de Medio Ambiente fue apoderado del caso, luego de que el primero de octubre del 2004 fuera depositada por ante la fiscalía del Distrito Nacional una querella con constitución en parte civil por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el grupo Mundo Ecológico, la Junta de Vecinos Arroyo Barril, Samaná, la Cámara de Comercio y Producción de Samaná y el señor Ramón Antonio Peña, representados por los abogados Euren Cuevas Medina, Jorge Lizardo Vélez, José Luis Sosa, Benustrides Beltré, Juan Arias y Jhonny Miguel Tejeda Soto.
El grupo está acusado de violar las Leyes 64-00 y 218-84, que prohíben la importación de desechos tóxicos.
Las organizaciones sostienen que los ex funcionarios actuaron con irresponsabilidad al permitir que el territorio nacional fuera usado como «basurero».
