POR MANUEL JIMÉNEZ
La Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción pidió ayer al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República investigar las denuncias sobre irregularidades en la construcción y equipamiento del edificio que comparten la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.

Pidió también a las autoridades competentes que divulguen los resultados de esas investigaciones, y si hay responsables, que se les procese penalmente.

La posición de la comisión, que tiene asiento en el Palacio Nacional, fue dada a conocer en un documento leído en rueda de prensa por su presidente, doctor José Joaquín Bidó Medina, acompañado del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y Gustavo Montalvo.

La comisión anunció, asimismo, que en breve someterá a la consideración del presidente Leonel Fernández una propuesta de reforma al reglamento que norma las compras y contrataciones del Estado, a fin de crear un mecanismo mas transparente y pulcro.

En la rueda de prensa, celebrada en el salón de conferencias «Orlando Martínez», en el Palacio Nacional, Bidó Medina dijo que en el caso del edificio de la Suprema Corte de Justicia las leyes establecen que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República deben actuar de manera automática. Dice que ambos organismos están en la obligación de realizar una investigación que establezca la verdad.

«Los resultados de las auditorías y de las investigaciones deben ser conocidas por la ciudadanía y si las mismas revelan indicios de culpabilidad, esos expedientes deben ser remitidos a la justicia para que se determine en juicios públicos, orales y contradictorios si existen o no faltas que ameriten sanciones legales», agrega el documento.

En la rueda de prensa, en la que se advirtió a los periodistas que no se responderían preguntas, la comisión deja claro que respaldará «hasta las ultimas consecuencias las investigaciones realizadas por los organismos competentes, así como las decisiones que tomen los tribunales de la República para prevenir y sancionar los actos de corrupción».

Hasta la fecha, solo la Cámara de Cuentas realiza una auditoria en el nuevo edificio, ubicado en el Centro de los Héroes, en esta capital, en tanto que el Ministerio Público ha dicho que espera los resultados de esa investigación contable para actuar.

De otro lado, la comisión anunció que trabaja en la actualización y mejoría del reglamento que norma las compras y contrataciones del Estado, a fin de que ofrezca mayor garantía de pulcritud en las compras y aprovisionamiento de las instituciones públicas.

Se explicó que esta revisión responde al mandato del Consejo de Gobierno Ampliado, celebrado el 18 de abril pasado presidido por el Presidente Leonel Fernández.

La actualización del reglamento será presentada a la consideración del presidente Fernández con «importantes modificaciones que garantizarán una mayor transparencia y eficiencia en las adquisiciones y contrataciones del Estado».

Finalmente, los integrantes de la Comisión de Etica y Combate a la Corrupción dicen tener el convencimiento de que en la lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito público como privado, se requiere de un proceso en el que confluyan las adopción de medidas preventivas, medidas coercitivas, concretadas en las sanciones legales y los esfuerzos pedagógicos que vinculen al Estado con la ciudadanía, reforzando los valores democráticos.

Los miembros de la comisión fueron presentados por Rafael Núñez, director de prensa del Palacio Nacional. Al final de la rueda de prensa, el doctor Bidó Medina anunció la designación del periodista Rafael Ovalle como relacionista de la comisión.