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BRASILIA (EFE).- Dos comisiones legislativas dedicadas a investigar la corrupción en Brasil recomendaron ayer la destitución de 19 diputados, en su mayoría de la base parlamentaria del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva e inmersos en graves irregularidades. Los implicados en el informe conjunto presentado por las dos comisiones son legisladores de seis partidos políticos y sólo uno es ajeno a la coalición de gobierno.
Siete pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980, y cuatro al Partido Liberal (PL), del vicepresidente José Alencar.
También hay cuatro del Partido Progresista (PP), del presidente de la Cámara Baja, Severino Cavalcanti, dos del Partido Laborista Brasileño (PTB), uno del Partido del Movimiento Democrático (PMDB) y otro del Partido del Frente Liberal (PFL), el único opositor de la lista.
Uno de ellos, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, ya ha renunciado a su mandato, pero ello no impide que sea destituido, lo que puede acarrearle graves sanciones políticas.
Del oficialista PT están incluidos Joao Paulo Cunha, que hasta febrero pasado presidió la Cámara de Diputados, y el influyente José Dirceu, presidente del partido hasta fines del 2002 y ministro de la Presidencia hasta hace dos meses, cuando renunció alcanzado por los escándalos de corrupción.
Uno de los dos del PTB es Roberto Jefferson, el primero en denunciar la existencia de los supuestos sobornos con que el PT habría comprado la fidelidad de diputados de diversos partidos para construir la mayoría parlamentaria que el gobierno de Lula no logró en las elecciones del 2002.
En el caso de Jefferson el proceso está avanzado y hoy el Consejo de Etica de la Cámara de Diputados aprobó un informe que recomienda su destitución, que deberá ser analizado en los próximos días por el plenario.
El informe de estos casos, redactado y leído hoy por el diputado Osmar Serraglio, tiene 61 páginas y dice que la legitimidad de un mandato de elección popular «se pierde» si la campaña fue financiada con recursos de origen dudoso o irregular, como casi todos los implicados han confesado.
Según se ha comprobado, todos recibieron dinero de Marcos Valerio Fernandes, un publicista que actuó como interlocutor del PT para asuntos de finanzas y que está en el centro de todas las corruptelas que se investigan.
Ese dinero era entregado sin recibo alguno, la mayoría de las veces en efectivo, y enviado a sistemas de contabilidad paralelos y ocultos a las autoridades electorales y fiscales, por lo que además de la falta política hay delitos tributarios, indicó Serraglio.
Dijo además que se ha comprobado la utilización de empresas del Estado para obtener recursos luego usados en la financiación de los partidos y que los parlamentarios acusados recibieron dinero periódicamente, al menos hasta principios de este año.
Serraglio dijo confiar en que, una vez aprobados formalmente los informes, el presidente de la Cámara Baja, Severino Cavalcanti, que esta semana abogó por aplicar «penas blandas» a los culpables de financiación ilegal de campañas, entienda que el castigo no puede ser otro que la destitución.
«Si se niega a poner en marcha estos procesos, será atropellado por los partidos políticos», garantizó.
Si Cavalcanti da luz verde a los 18 pedidos de destitución, éstos llegarán a la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados, que en unos engorrosos procesos deberá analizar cada uno de los casos.
Las destituciones aprobadas por esa instancia legislativa deberán luego ser votadas en el plenario, la última tabla de salvación para los implicados, que en caso de ser destituidos perderán sus derechos políticos durante los próximos ocho años.
El proceso que se abre no conoce antecedentes en la historia legislativa de Brasil.
Si bien otros parlamentarios han perdido sus mandatos por asuntos de corrupción, jamás se había visto un proceso en masa como el que puede comenzar ahora, que además, según analistas, producirá aún más grietas en la ya debilitada base parlamentaria de Lula. EFE
