El presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores, Miguel Valoy, consideró necesario que la sociedad se involucre en un proceso de diálogo para resolver los problemas de la titulación en la Jurisdicción Inmobiliaria.
Dijo que esa organización cree que ningún sector en particular debe capitalizar la posible solución de los problemas de retraso que tienen que enfrentar los dueños de terrenos para lograr obtener sus títulos.
Valoy señaló que el sector empresarial es solo uno de todos los que inciden en las actividades de la Jurisdicción Inmobiliaria y que la asociación que agrupa a los agrimensores “rechazará cualquier documento que no sea discutido con los verdaderos actores del sistema”.
Manifestó que a casi 10 años de haberse implementado los programas de modernización de la Jurisdicción de Tierras y de la consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria, no se han visto los frutos esperados por la sociedad.
Valoy informó que la Asociación Dominicana de Agrimensores analiza la posibilidad de solicitar una investigación a la Procuraduría General de la República sobre esos dos programas.
Expresó que las acciones en la Jurisdicción de Tierras y en la Jurisdicción Inmobiliaria han retrocedido.
Citó de ejemplo, que antes de la aplicación de los dos programas en esas instituciones existía un 1% de solapamiento parcelario (una mensura sobre otra) por responsabilidad del Estado y ahora es de alrededor de un 35%.
Recordó que la capacidad de respuesta para obtener un título era de 7 meses, pero aumentó a unos 2 años, si el proceso no es accidentado.
En un documento enviado a este diario, Valoy expresa que entre “los principales responsables de que esta situación se esté dando, están los consultores internacionales, donde el señor Angel Pappalardo jugó un papel protagónico en la ejecución de ambos programas”.
El presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores expresó que dentro de los errores graves, figura el que “se manipuló y botó información catastral fundamental para el registro, como son planos, libretas de campo, hojas de cálculos, etc.”.
Indicó además, que “no se optimizaron los recursos para la construcción de una cartografía base, fue dado de lado el conocimiento del profesional local”.
Valoy dijo que “es por esto que no reiteramos que no vamos a repetir los errores del pasado e invitamos a un diálogo nacional para resolver el tema del registro que de la propiedad que en este momento, más que lento es inseguro en términos cartográfico, y por lo tanto en cuanto a seguridad jurídica”.
Valoy respondió a una información sobre el tema del presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), Julio de Beras, publicada esta semana en este diario.
De Beras dijo que el sector empresarial contribuye a corregir los errores que puedan haber en la Jurisdicción Inmobiliaria.
Agregó que con ese fin se han unido la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Junta Agroempresarial Dominicana, Fundación Institucionalidad y Justicia, Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, Asociación Nacional de Hoteles y Turismo y Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias, entre otras.