La Coalición Educación Digna, conformada  por 193 organizaciones, solicitó al Tribunal Superior Administrativo la suspensión del conocimiento del presupuesto nacional hasta que sea conocido el recurso de amparo a favor del cumplimiento de la Ley de Educación 66-97 y el 4% del PIB, a través de una medida de “no innovar”.

El martes pasado fue sometido dicho  recurso con 1,265 accionantes que reclaman en justicia que se acate la ley. Dentro de las  peticiones, los abogados de la Coalición solicitaron que el Tribunal ordene citar como testigo a Vicente Bengoa, ministro de Hacienda.

La coalición la representan  los juristas Federico Ortiz Galarza, Elizabeth Mateo Pérez, Juan Manuel Pellerano, Luis Miguel Rivas y Luis R. Pellerano, de la firma de abogados Pellerano y Herrera, y el Movimiento Cívico Toy jarto.  Elizabeth Mateo, vocera y coordinadora del comité legal de la Coalición, dijo que “rechazan por completo la modificación realizada al presupuesto nacional por el Ministerio de Hacienda, que pretende suspender transitoriamente la disposición del 4%, en una artimaña ilegal y evidentemente inconstitucional”. “La única ley sectorial cuyo porcentaje no se puede modificar es la de Educación, porque tiene arraigo constitucional, lo establece claro en su artículo 63 numeral 10mo, que la inversión en educación debe ser creciente y sostenida según los niveles macroeconómicos del país”.