Los abogados del banquero Ramón Báez Figueroa pidieron ayer al juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, que envíe a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el expediente de la Asociación Popular de Ahorro y Préstamos junto al del Banco Intercontinental (BANINTER) para que el alto tribunal conozca de la declinatoria por sospecha legítima interpuesta en su contra.

Vinicio Castillo Semán dijo que la denuncia querella interpuesta por el doctor Ramón Antonio Veras, por alegado fraude de 20 mil millones de pesos fue declinada por el Juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Felipe Molina y enviado en adicción al juez que conoce el caso BANINTER.

Dijeron que el expediente debe ser enviado completo para que el alto tribunal pueda tener un conocimiento cabal de todo el proceso.

Precisaron que la SCJ debe acoger la declinatoria por sospecha legítima contra el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción porque una de las personas que figura como inculpada en el caso de la Asociación Popular de Ahorros y Prestamos se había querellado en su contra por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación que instruye el juez de instrucción especial, Néstor Díaz.

La denuncia querella fue interpuesta por el jurista de Santiago contra el ex presidente de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos Azor Hazoury, acusado de una alegada retención indebida de 100 millones de pesos.

Fue interpuesta por ante la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, licenciada Doris Josefina Pujols.

Veras en su sometimiento alega que el banquero retiene en forma ilegal más de 100 millones de pesos, en capital e intereses, que recibió de manos de Báez Figueroa, como pago a la fusión de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos con BANINTER y son propiedad, ahora del Banco Central.

La denuncia contra el banquero Hazoury, está sustentada en la supuesta violación de los artículos 28 y 29 del Código de Procedimiento Criminal, y se decidió presentarla ante la inercia de las autoridades monetarias y financieras.

Ayer fue publicada la remisión de la solicitud de declinatoria por sospecha legítima al procurador general de la República, doctor Víctor Céspedes Martínez, para que emita su opinión.

El presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, dijo que el dictamen del Ministerio Público le corresponderá al fiscal del Distrito Nacional, conforme al Código de Procedimiento Civil.