El vicepresidente ejecutivo de  la Junta Agroindustrial Dominicana, Osmar Benítez,   solicitó excluir del paquete fiscal a las zonas agroindustriales que se clasifican en la Ley 890 como zonas francas especiales.

Benítez argumentó que la propuesta de imponer un impuesto de 2.5 por ciento a las ventas locales de todas las zonas francas afectaría severamente a las empresas agroindustriales que utilizan materia prima nacional para exportar, para lo cual se apoyan en  mano obra local desde la producción en el campo hasta la industrialización.

Benítez explicó que la mayor parte de estas agroindustrias venden directamente a centros hoteleros del país.

Hay unas 30 agroindustrias que están clasificadas como zonas francas especiales.

En la actualidad esas empresas exportan el 80 por ciento y venden el 20 por ciento en el mercado local.

Explicó que su  petición se sustenta en la necesidad de que todo lo que sea producción de comida sea incentivado, no penalizado.

El vicepresidente ejecutivo de la JAD advirtió que de seguir por ese camino, los fabricantes de concentrados y de productos derivados de la fruticultura preferirían importarlos desde Centroamérica, ya que estarían exentos del pago de los impuestos en el marco de los acuerdos con Centroamérica.

El empresario agrícola consideró que este tipo de medidas llevan a esos productores a convertirse en importadores, el país saldría perdiendo, porque dejaría de contar con los empleos que se generan en ese importante sector.