WASHINGTON.- El legislador Donald Payne, demócrata de Nueva Jersey, requirió que el gobierno estadounidense explicara por qué Estados Unidos vendió recientemente 3,500 armas a República Dominicana, siendo ese país el lugar donde ex jefes paramilitares organizaron la rebelión violenta que terminó en la caída de Aristide.

Los legisladores demócratas pusieron ayer en aprietos a la administración George Bush con preguntas sobre su rol en lo que llamaron un golpe de Estado contra el presidente Jean Bertrand Aristide.

Payne requirió que Roger Noriega, secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, explicara la situación cuando compareció ante una comisión de la Cámara.

Noriega respondió que no estaba en conocimiento de la venta de las armas a la República Dominicana. «¿Usted está a cargo de América Latina y no sabe nada de estas 3,500 armas?», interrogó Payne. «No», dijo Noriega.

[b]LA PRESIÓN[/b]

El hecho de que son tiempos electorales tuvo una clara influencia en el desarrollo de la sesión especial sobre Haití celebrada por el Subcomité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

Todos los cuestionamientos, algunos de ellos a gritos y otros de una virulencia que no es frecuente en los salones del Capitolio, fueron hechos por legisladores demócratas contra los invitados al panel, que eran tres jerarcas del gobierno republicano del presidente George W. Bush.

Sin embargo, los planteos que hicieron los representantes reflejaron las preocupaciones que también están planteando muchas organizaciones y cuyo tema central es por qué Estados Unidos no envió tropas antes de la renuncia del presidente Aristide.

Noriega explicó que Washington no tiene la obligación de defender a todos los gobernantes del planeta, sino que debe decidir con responsabilidad a quién salvar y a quién no, ya que está en riesgo la vida de sus soldados.

Ese fue su argumento principal, pero legisladores como Charles Rangel, de Nueva York, llegaron al punto de acusar a la administración de haber asistido en un golpe de Estado.

En la reconstrucción de los hechos que hizo Noriega en base a preguntas de Rangel, Estados Unidos le comunicó a Aristide que no iba a defender su vida ni la de su familia, y que tampoco iba a intervenir con tropas para poner fin a un baño de sangre provocado por los rebeldes que estaban tomando ciudades y acercándose a Puerto Príncipe.

Rangel argumentó que si Aristide renunció por temor a su vida y la de sus compatriotas, según el diccionario eso es un golpe de Estado.

[b]UN MENSAJE[/b]

A su vez legislador Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, dijo que la actuación del gobierno de George Bush dio un «muy claro mensaje» de apoyo a los «rebeldes y el uso de la violencia» en Haití, lo que constituye «un riesgo para la democracia en este hemisferio».

Noriega, secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, defendió las decisiones de la administración Bush ante el subcomité de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja indicando que el gobierno debe decidir qué gobierno vale la pena respaldar a costo de «vidas estadounidenses».

«No elegimos quién gobierna los países, pero sí decidimos, y tenemos la obligación de elegir, dónde ponemos las vidas de los estadounidenses en riesgo», dijo Noriega.

«Y en este caso, después de años de intentar, no era una solución efectiva ni sostenible apoyar a Aristide», añadió.

Menéndez opinó que las tropas debían haber sido enviadas antes, para evitar que los rebeldes siguieran tomando ciudades y pueblos y acercándose a Puerto Príncipe, la capital, para defender al presidente democráticamente electo.

También cuestionó el hecho de que Washington no haya planteado el uso de la Carta Democrática Interamericana para defender al gobierno de Aristide.

Noriega defendió la decisión de la Casa Blanca indicando que Estados Unidos no tiene «ninguna obligación de poner en riesgo vidas estadounidenses para defender todos los gobiernos, sean o no democráticos».

«Tenemos que hacer decisiones. En el caso de Haití, fue una decisión difícil pero fue la correcta. La conducta errática de Aristide en las últimas 48 horas demuestra que no era un socio confiable», indicó Noriega.

[b]NO TRADICIONAL[/b]

Noriega respondió que eso no es un golpe de Estado tradicional, lo cual dio lugar a que la representante demócrata por Florida Corrine Brown dijera: «Creo que lo escuché decir que no fue un golpe de Estado tradicional el de Haití. Nosotros en Florida también tuvimos un golpe de Estado no tradicional».

Los legisladores republicanos intervinieron muy limitadamente y se dedicaron a criticar a Aristide y a justificar su salida del poder por su ineficiencia.

[b]ASESINOS[/b]

El representante William Delahunt, demócrata por Masachusets, preguntó a Noriega si el gobierno tiene planes para evitar que el ex jefe paramilitar haitiano Emanuel Constant, acusado de ser responsable de la muerte de miles de personas durante la dictadura que gobernó Haití entre 1991 y 1994, siga viviendo en Nueva York.

Noriega respondió que no tenía suficientes datos sobre la situación de Constant.

En una entrevista en el programa «60 minutos» de la cadena CBS, Constant dijo que recibió dinero de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para crear y mantener a las FRAPH durante la dictadura que gobernó Haití desde el primer derrocamiento de Aristide en 1991 hasta que la administración Clinton lo volvió al poder en 1994.

Menéndez dijo que la decisión de Washington de permitir que un grupo de «criminales y bandidos» de Haití triunfaran en su objetivo de hacer caer a un presidente democráticamente electo pone en riesgo el futuro de la democracia en América Latina.

[b]REPATRIACIÓN[/b]

También testificó el secretario de Estado asistente para Población, Refugiados y Migración, Arthur E. Dewey, quien reveló que aproximadamente 900 haitianos fueron repatriados en los últimos días y dejados en Puerto Príncipe.

Dewey dijo que todos los haitianos que llegaron a Estados Unidos o que fueron interceptados en el mar fueron entrevistados y que el gobierno determinó que no había suficientes argumentos para otorgarles refugio o asilo político.

Los legisladores demócratas criticaron fuertemente la decisión de deportarlos y de dejarlos en el puerto de la capital haitiana sin protección alguna.

«Si estos haitianos están buscando refugio y escapando de persecución política en su país, y son dejados en el puerto para que se vayan caminando a su casa, seguro que esta política está logrando que sean asesinados», dijo el representante Gregory Meeks, demócrata de Nueva York.

[b]AYUDA[/b]

El administrador de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), Adolfo Franco, que fue el tercer jerarca de la administración en testificar, dijo que Estados Unidos ha hecho todo lo posible por ayudar a Haití y que es el mayor donante bilateral que ese país tiene y seguirá teniendo.